Gerardo García, vicepresidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), se refirió al proyecto de ley que regula el comercio de residuos metales ferrosos y no ferrosos y plásticos de polietileno tereftalato (PET). Señaló la importancia de la propuesta legislativa ante el avance de la informalidad en el sector de este tipo de materiales.
“Como UIP somos la caja de resonancia de los gremios, y acompañando esa filosofía, pedimos a la Comisión de Legislación del Congreso Nacional la participación para defender los intereses de los asociados”. Recordemos que la Comisión Nacional de Defensa de Recursos Naturales (Conaderna), que preside la senadora Noelia Cabrera, estuvo desarrollando los encuentros con los diferentes afectados.
García agregó que lo que buscan es que se evite la informalidad. “Vemos que hay muchos negocios clandestinos, en la parte del robos de cables, pues se comercializan con montos importantes. Consideramos que debe haber una legislación clara y precisa”, enfatizó.
El objetivo es combatir el mercado negro de los cables robados. Es un perjuicio a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y a la ciudadanía, indicó en 1000 AM.
Millonaria evasión impositiva
De acuerdo a los datos proveídos por los proyectistas, existe una fuga de más de US$ 100 millones en impuestos debido a la subfacturación por parte de los exportadores de residuos. Estos exportadores declaran valores subfacturados para eludir obligaciones legales y evaden impuestos aplicables, moviendo dinero a través del sistema informal de transferencia “HAWALÁ”, ejecutado mediante casas de cambio y evadiendo controles estatales.
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Carlos Zelaya, uno de los voceros de Conaderna, puntualizó que existen cuatro empresas que trabajan de manera ilegal. Al año evadirían en tributos cerca de US$ 25 millones cada una, totalizando los US$ 100 millones entre las cuatro. Como ejemplo dijo que para pagar menos en impuestos, venden una tonelada de metal a solo US$ 120, cuando los legales comercializan a US$ 8.000.
Esta falta de regulación en este sector permitió la exportación de materiales obtenidos ilegalmente. Esto ha provocado un aumento en los robos de metales utilizados en infraestructuras públicas y privadas, así como un contrabando masivo de residuos.
Se busca además tener una trazabilidad, para que autoridades como la Policía Nacional, detecten el origen y detener a los responsables de esta cadena desde que empieza el robo y luego la comercialización irregular. Apuntan a chatarrerías sin regulación municipal y acopiadores sin licencia.
Contrabando de cobre en Pindoty Porã, Canindeyú
Carlos Mangabeira Cano, presidente de la Cámara de Industrias Sustentables del Paraguay (CISPY), había denunciado que este mercado negro se nutre también del contrabando de estos metales en Brasil, sin control.
“No es aislado el robo de cables, de la subfacturación y el contrabando por la ciudad paraguaya de Pindoty Porã (Canindeyú), que tiene a Brasil de un lado con una frontera seca. Ahí está todo junto y no se puede generar la trazabilidad”, subrayó.