Desde que se difundió la semana pasada el reporte de la Contraloría General de la República (CGR) sobre deficiencias del Centro de Control de Monitoreo del Billetaje Electrónico, el “cerebro” del sistema, el titular del Viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, no ha emitido un comunicado oficial ni ha respondido a ABC llamadas ni mensajes.
De esta manera, ha evitado rendir explicaciones sobre qué acciones concretas va a implementar para corregir las anomalías que se vienen denunciando y que fueron confirmadas por la CGR. Se trata de la Fiscalización Especial Inmediata (FEI) realizada a la licitación pública “adquisición de una solución de control y monitoreo para el Sistema Nacional de Billetaje” (ID 368.264), del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), del cual depende el VMT.
Un tema “especialmente crítico”
El informe tiene un total de 25 observaciones, pero se podría resumir que las advertencias más llamativas se relacionan a que el VMT no dispone de un “código fuente” y eso implica “un riesgo elevado para la confiabilidad de la información y la continuidad de las operaciones”, conforme lo describe la Contraloría en su informe. Esa herramienta es considerada “especialmente crítica en la generación de reportes utilizados para el pago de subsidios a transportistas y la toma de decisiones”, añade el ente, de ahí la importancia de corregir las falencias.
El reporte de CGR sólo confirma lo que se venía denunciando desde hace tiempo, ya que incluso hubo anomalías detectadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), que confirmó pagos sin respaldo y que hay componentes del software adquirido que no se encuentran disponibles, que son los módulos para control en tiempo real de los buses y para realizar auditorías.
Esa intervención de DNCP en su momento se concretó luego de que ABC haya obtenido reportes vía Acceso a la Información Pública (AIP) que evidenciaron llamativas contradicciones en informes del VMT. También los pasajeros organizados en el gremio OPAMA dieron a conocer más datos contundentes hallados vía AIP, pues el MOPC ni el Viceministerio dan a conocer los informes relacionados al transporte, a menos que se vean obligados por la ley.
Tres investigaciones de la DNCP
La DNCP realizó tres indagaciones y terminó inhabilitando a la proveedora del CCM del billetaje, que es el consorcio Electronic Ticket Control (ETC), representado por Ángela Marien Ocampos Ortega, y conformado por Empresa Ejecutiva de Inversiones Plan SA (Rogelio Franco Dávalos), y V SAT SA (José Tomás Insfrán Rivarola). Esta última firma fue salpicada en el caso “tapabocas de oro”, investigación que estuvo a cargo de fiscal Osmar Legal.
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El polémico contrato fue gestionado por los entonces viceministros Pedro Britos y Víctor Sánchez Chamorro, uno realizó el llamado y firma del contrato y el otro, dio seguimiento a la ejecución y recibió los bienes. Sánchez también fue cuestionado en su momento por haber actuado de “juez y parte” en este contrato, ya que aparece como profesional clave vinculado a la proveedora y no se detectó un documento que lo desvincule de la compañía cuando ya asumió la titularidad del VMT. De esta manera, se identificó un conflicto de intereses.
Recientemente, la administración del contrato fue duramente observada por Contraloría, pues esta detectó indicios de direccionamiento del llamado, pagos sin documentos respaldatorios, falta de ejecución de pólizas y multas por incumplimientos de obligaciones en la instalación del centro de monitoreo del billetaje, trasgreciones a la ley de Contrataciones Públicas, entre otras anomalías.
Un contrato de US$ 3,9 millones
Para la instalación del Centro de Control y Monitoreo (CCM) del Billetaje Electrónico (BE), el “cerebro” del cobro electrónico, valuado en US$ 3,9 millones, el contrato tuvo tres pilares:
- Adquisición del software (G. 20.836.422.500), 83% del contrato
- Adquisición de bienes - equipamiento (G. 1.994.177.500), 8% del contrato
- Construcción de infraestructura (G. 2.166.400.000), 9% del contrato.