El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) firmó el viernes último el contrato del lote 3 de la ruta de la soberanía, que adjudicó a la firma mexicana Calzada Construcciones SA, por G. 384.595 millones, firma extranjera sancionada en Perú por falsificación de documentos.
Por el MOPC, el documento fue rubricado por la ministra Claudia Centurión y por la empresa contratisa firmó Duperly Rivera Rodríguez, gerente general regional de la citada compañía. También formaron parte de la comitiva de Calzada Diego Martínez, Daniel Diaz, Daniela Cruz y Wergin Mafud.
La empresa extranjera todavía no estaba inscripta como proveedora del Estado en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), por lo que la firma del contrato se había postergado. Además, esta firma fue sancionada en Perú “por su responsabilidad al haber presentado documentos falsos e información inexacta”, en una contratación de dicho país, según documentos oficiales.
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Este hecho fue denunciado ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), cuyo titular es Agustín Encina, por lo que el ente de control investigó de oficio la citada licitación. No obtante, pese a la lluvia de protestas ante este organismo, Encina rechazó todas las impugnaciones y dio luz verde al MOPC para continuar con el proceso de contratación.
Tras la firma del último contrato que faltaba, completan todos los procesos pendientes para avanzar con la construcción de de la ruta de la soberanía, que incluye el catastro, indemnización, construcción y mantenimiento por niveles de servicio de la pavimentación del tramo Pedro Juan Caballero - Zanja Pyta - Capitán Bado - Itanará - Ypejhú (ID 438.107).
Los demás lotes adjudicados
La adjudicación de esta obra se concretó el 22 de junio último, pero el MOPC evitó socializar las firmas que fueron adjudicadas, actitud que llamó la atención y desató varios cuestionamientos en su momento. Lo cierto es que la resolución de adjudicación fue filtrada y pudo corroborarse que la obra se adjudicó en cuatro lotes por un monto equivalente a US$ 199,1 millones al cambio actual.
Los contratos de los demás lotes también ya se rubricaron. El lote 1 se otorgó al Consorcio TC, conformado por Construpar SA y Tecnoedil SA Constructora, representado por Guillermo Mas y Paul Sarubbi (presidentes de Capaco y Cavialpa respectivamente); por G. 391.554 millones.
Por otro lado, el lote 2 se concedió al Consorcio TEC, integrado por Ecomipa SA, Concret Mix SA y Tocsa SA, representado por Edgardo Wasmosy, Ruben Darío Bogarin Canale y Sara Blanco de Dose; por G. 349.929 millones.
Por último, el lote 4 fue otorgado al Consorcio Soberano, constituido por Ingeniería de Topografía y Caminos SA (T&C), Constructora Isacio Vallejos SA y Rovella Carranza SA sucursal Paraguay, por G. 327.452 millones. Este grupo está representado por Francisco Griñó.
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Calzada respondió a la DNCP sobre su sanción
ABC Color intentó contar con la versión de Calzada Construcciones SA sobre a las denuncias que salpican a la firma en el extranjero, pero la apoderada legal de la empresa, Duperly Rivera, no respondió al pedido que la hicimos, vía correo electrónico, al único contacto que de la compañíaque figura en el acta de apertura de ofertas.
Pero en una respuesta ante la DNCP de Rivera a las protestas contra la firma que representa, señaló que el Comité de Evaluación de Ofertas del MOPC ha dejado de considerar “lesiva” la conducta de la firma Calzada Construcciones, en relación con la inhabilitación de 37 meses en Perú.
Añade que “pretenden los concurrentes confundir a la DNCP, alegando una supuesta e inexistente omisión al deber de informar una supuesta práctica fraudulenta, cuando lo que ocurrió sencillamente fue un error material en el convenio de integridad, que fue subsanado en tiempo y forma con arreglo a los procedimientos expresamente previstos en los pliegos, por ser este un documento formal”, puede leerse.
Asimismo, resaltó que la sanción administrativa recibida en Perú no se encuentra firme, pues la empresa ha impulsado los procesos jurisdiccionales que permitirán “dilucidar la verdad de lo acontecido”, y que están “seguros de que concluirá con un fallo favorable a los intereses de Calzada Construcciones S.A. de C.V., que ha sido víctima de un hecho de robo de identidad”.