El suministro intervenido fue identificado con el NIS 2853483, a nombre de Rosa Maricel González López, dedicado a la producción de criptomonedas, en conexión directa con un medidor monofásico, instalado sin el conexionado de conductores de entrada y salida, informó la ANDE.
Durante la verificación comprobaron que el medidor no registraba el consumo de energía eléctrica, irregularidad que implica un daño patrimonial mensual estimado en G. 20.220.924. El primer operativo estuvo a cargo del agente fiscal, Abog. Julio Paredes, quien con causa penal número 12571/24 hizo el allanamiento e incautación de los equipos, que incluyen 16 procesadores de criptominería, conductores de acometida, tableros eléctricos y un estante soporte para las máquinas que se encontraban dentro de la vivienda en el momento de la intervención.
El segundo suministro intervenido no era cliente de la ANDE, ya que no contaba con NIS, pero sí con una conexión directa y sin medidor. En el lugar de la intervención se encontró un medidor trifásico hurtado de otro suministro.
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La vivienda, en el momento de la intervención, se encontraba cerrada, pero pudo constatarse que también se dedicaba a la criptominería en baja tensión, indicaron. En el lugar se comprobó que toda la energía consumida no era registrada y que eso representa para la institución un daño patrimonial mensual estimado en G. 12.907.824.
El operativo, al igual que el primero, estuvo a cargo del agente fiscal, Abog. Julio Paredes, quien con causa penal número 12575/24 llevó a cabo el allanamiento donde fueron incautados seis procesadores de criptomonedas, conductores de acometida, tableros eléctricos y un estante donde se colocaban las máquinas.
La última intervención de ayer corresponde al suministro con número NIS 3314850, que presentaba una derivación antes del medidor oculta dentro de la mampostería en forma trifásica. Este suministro está registrado a nombre de Estela Maris Ramoa Sosa y su actividad comprobada era la criptominería en baja tension dentro de una vivienda. Esta irregularidad representa un daño patrimonial mensual estimado en G. 7.976.345.
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Este operativo también estuvo a cargo del abogado Paredes, quien con causa penal número 12574/24 llevó adelante el allanamiento y decomiso de 36 máquinas procesadoras de criptominería, conductores de acometida, tableros eléctricos y un estante soporte para las máquinas.
Los responsables de estos delitos deberán abonar los daños patrimoniales provocados por la sustacción de energía, además de los costos por intervención y las multas según la Ley N° 966/64.
Ante las irregularidades detectadas, la ANDE presentó denuncias formales ante la Fiscalía Penal N° 8 de Ciudad del Este por el delito de sustracción ilegal de energía eléctrica, en el marco de la Ley N° 7300/2024 del Paraguay, que “protege la integridad del sistema eléctrico y dispone la incautación y comiso de bienes asociados a hechos punibles y modifica el artículo 173 de la Ley N° 1160/1997 Código Penal”.
Desde la empresa estatal de electricidad recuerdan que, conforme a la Ley N° 7300/24, el “robo de energía eléctrica está tipificado como crimen”, con penas de hasta 10 años de cárcel y que cualquier denuncia puede realizarse a través de la página web institucional www.ande.gov.py o mediante la aplicación para teléfono móvil Mi ANDE, de manera confidencial.