Con el objetivo de actualizar diversos aspectos, el presidente Santiago Peña firmó el Decreto N° 2264, que reglamenta la Ley N° 7021/2022 de Suministro y Contrataciones Públicas. Así informó ayer el titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Agustín Encina, en conferencia de prensa en Mburuvicha Róga.
De esta manera anula el Decreto N° 9823, que reglamentaba la citada ley y fue rubricada por el entonces titular del Ejecutivo Mario Abdo Benítez, el 11 de agosto pasado, a pocos días del traspaso presidencial.
“Este decreto impone un avance significativo en lo que tiene que ver con la gestión administrativa en materia de contrataciones públicas. Busca mejorar la eficiencia, la transparencia y toda la flexibilidad en todo lo que tiene que ver con los procesos de compras públicas”, manifestó.
Seguidamente, intentó justificar la nueva reglamentación mencionando que este documento fue elaborado en conjunto con representantes de micro, pequeñas y medianas empresa (mipymes) y gremios empresariales.
“El anterior decreto no fue trabajado con otros miembros actores de la sociedad, como ser mipymes, gremios, etc.”, dijo.
Agregó que la DNCP hizo lo propio y llevó adelante una reglamentación compartiendo, tanto con asociaciones de mipymes y otros gremios y cámaras, que son actores principales de lo que tiene que ver con los procesos de contrataciones públicas.
Entre las novedades indicó que se encuentran actualizaciones en cuanto a terminología, estructura, facilitando la lectura y limitando la búsqueda de información y proporcionando mayor claridad a la gestión de compras del Estado, reduciendo los plazos que tienen que ver con protestas, recursos de reconsideración y plazos para respuestas de instituciones públicas para con la DNCP. Esto generará una mayor eficiencia con lo que tiene que ver con procedimientos, agregó.
Una modalidad especial de licitación que destacó es la de compras conjuntas, a la que calificó como una innovación en adquisiciones públicas. Consiste en que las instituciones públicas se unen para comprar bienes o servicios, en busca de una eficiencia mediante la implementación de la economía a escala y la estandarización administrativa.
El promedio anual de las adjudicaciones es de US$ 3.246, con 9.513 procedimientos y 3.266 proveedores, según reporta la DNCP.
Conforme a un estudio, sólo el 8% de las adjudicaciones se realizaron a empresas calificadas como mipymes.
Reglamentación de compras públicas: mipymes no participaron
La Federación Paraguaya de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Fedemipymes) reportó que no participó del proceso de elaboración de la nueva reglamentación sobre las compras públicas, que fue emitido ayer por el Ejecutivo.
Según informó Luis Tavella, presidente del gremio que aglutina a 28 asociaciones, de las cuales dos son de Alto Paraná, una de Pedro Juan Caballero y otras 25 de Asunción y del departamento Central.
“No conozco este nuevo reglamento y no tuvimos ninguna participación del mismo. Me preocupan estas cosas porque al no dar participación a un segmento tan importante de la economía no sabemos hasta qué punto hay interés de que el sector realmente sea proveedor del estado”, apuntó.
Cabe recordar que la normativa estipula una discriminación positiva con la cual las mipymes tienen una reserva de mercado del 20% en las compras de menor cuantía.
De esta manera para el sector representa un volumen de comercialización de US$ 400 millones anuales, lo cual es considerado muy auspicioso, pues les permitirá participar del proceso de dinamización de la economía, convirtiéndose en proveedores del Estado. Actualmente el 98% del tejido empresarial del país son mipymes y emplea al 70% de la población económicamente activa.