El Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (Cafym) se suma a las voces críticas contra el polémico Decreto N° 1.952 del presidente de la República, Santiago Peña, con el cual se estableció que los emblemas que comercialicen combustible en la modalidad búnker deben contar con un tanque propio de 16 millones de litros para que puedan vender el producto.
El combustible búnker es el gasoíl sin impuesto que se vende a embarcaciones que navegan en las aguas de los ríos Paraná y Paraguay y, con esta medida del Gobierno que comenzará a regir desde el 1 de agosto, solo Petropar podrá seguir comercializando este carburante, ya que es la única importadora que puede cumplir con el tancaje exigido, por lo que monopolizará este segmento del mercado.
Raúl Valdez, presidente del citado gremio, resaltó que la medida afecta fuertemente al sector y perjudica a la competitividad del país, porque limita las opciones o alternativas de los armadores para seleccionar al mejor proveedor de combustible libre de impuesto.
El gremialista destacó que este tipo de combustible se vende con esta discriminación impositiva justamente para mejorar la competitividad de la importación y exportación de nuestros productos, que con este decreto se verá perjudicado.
“Los armadores estamos limitados a comprar únicamente Petropar. ¿Qué ocasiona esto? Creará un problema en la operatividad del sector, porque vamos a tener un solo punto de entrega de combustible, con lo cual, lógicamente, con el tráfico pesado y la alta demanda que existe de este producto, vamos a tener demoras, filas de espera, vamos a tener extracostos que se cargan al combustible o a la estructura de costos”, expresó.
Por otro lado, enfatizó que van a tener pérdida de productividad debido a que Petropar está ubicado en un solo punto del río. En este sentido, indicó que algunas embarcaciones van a tener que recorrer hasta 60 o 70 kilómetros adicionales solo para ir a cargar ese combustible. “O sea, estamos hablando de un costo adicional en términos de combustible, un costo adicional en términos de tiempo, un costo de oportunidad que las empresas manejan por ese tiempo que pierden al tener que trasladarse hasta una sola estación de entrega de combustible”, lamentó.
Esperan que el Gobierno revea el decreto
Valdez enfatizó que están tratando de que el Gobierno entienda el problema que generará el decreto y que se revea esta situación “porque está afectando al sector fluvial y perjudica a la competitividad”.
“Esto va directamente en contra de la competitividad de nuestro sector fluvial. Afecta directamente a las tarifas de flete, ya que por lo menos el 30% del costo total de una naviera es el combustible y cualquier centavo que suba o baje el combustible tiene un efecto directo sobre la tarifa de exportación. La tarifa de flete, por ende, afecta directamente al resto de la cadena, se traslada al resto de la cadena. Entonces, es una cuestión de competitividad para nuestro país. Es importante entender eso” destacó.
El titular de Cafym también advirtió que si no se cambia el Decreto N° 1.952, las embarcaciones incluso se provisionarán combustibles en otros países como Argentina o Uruguay, por un a”juste de la oferta y la demanda”. “El armador paraguayo, en vez de cargar 11 millones de litros por mes en Paraguay, va a terminar cargando cero o muy poco. Y eso, finalmente afectará a todos, porque vamos a terminar cargando combustible en Uruguay o en Argentina, donde es mucho más económico y hay muchas más opciones para poder cargar. Entonces, es importante entender que, ante esa falta de estímulo, va a afectar directamente también al posicionamiento, al movimiento comercial del combustible acá en Paraguay”, resaltó.