Paraguay enfrenta desafíos para avanzar hacia el tan ansiado “grado de inversión”, que permitirá a nuestra nación competir en las grandes ligas internacionales” para atracción de capitales que permitan a la vez a nuestro país acceder a un mayor desarrollo económico, más puestos de empleos, entre otras ventajas, estos puntos fueron analizados por el analista financiero y consultor Amílcar Ferreira en el foro en un foro realizado ayer en el local de la Cámara de Comercio Paraguayo- Americano (Amcham).
El foro denominado “Ventajas para Paraguay de alcanzar el grado de inversión. Desafíos del combate a la corrupción y disminución de la impunidad” fue organizado por la Amcham, en alianza con el Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), en el marco de la iniciativa “Compromiso con la Prosperidad”.
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Durante su exposición ante los socios de la Amcham, Ferreira explicó que Paraguay se encuentra prácticamente a un paso de lograr la calificación de grado de inversión (para entrar en este selecto grupo a partir de BBB-). Esto le permitirá entre otras cosas acceder a mejores tasas y confianza de los inversores, mayor integración a los mercados y también lograr una imagen más óptima desde afuera.
No obstante, reconoció que estamos estancados hace 10 años en la nota (de BB+ o Ba1) que nos dan las calificadoras, y que esto se debe a la corrupción que impera en varios entes, haciendo que estas instituciones queden evidenciadas en una fragilidad en su gobernanza, principalmente en lo que respecta a la justicia. “Esta es una observación constante que se repite en todos los reportes, y es el principal desafío”, reflexionó el profesional.
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En esto destacó, la importancia de la sociedad civil, de las organizaciones que las representa. " No puede haber instituciones fuertes, sino hay un sector privado o sector civil exigiendo” expresó. También mencionó que esto implica un cambio cultural que quizás lleve tiempo.
Ante esto también, algunos asistentes mencionaron la preocupación que existe sobre proyectos de Ley que buscan acallar a organizaciones que representan a la sociedad civil (en relación al proyecto de control a oenegés), que también podría afectar a algunos gremios que representan sector económico, político y social.