Carlos Liseras, el presidente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), informó que un hombre fue condenado por explotación clandestina de juegos de azar, hecho que se da por primera vez desde que existe la Ley N° 1016/97 del Régimen de Juegos de Azar. Resaltó como un precedente de suma importancia en el cumplimiento de las normas de los juegos.
El Tribunal de Sentencia Colegiado de la Circunscripción Judicial de Caagauzú integrado por los jueces Luis Alberto Ovelar Ledezma, Lilian Lorena Godoy de Segovia y Víctor Venancia Vera Valloud, quienes condenaron a un año y 6 meses de pena privativa de libertad a Diego Rafael Amarilla Lugo (36) por la venta de rifa con fines lucrativos, sin autorización del municipio ni la Conajzar.
En la sentencia, firmada este 23 de junio último, indica que se suspende la ejecución de la condena por un plazo de dos años, y Amarilla tiene prohibición de salida del país, la obligación de presentarse bimestralmente ante el tribunal o juzgado de ejecución en su caso y la prohibición de seguir desarrollando la explotación de juegos de azar sin el permiso de los órganos correspondientes.
“Es la primera vez que se tiene una sentencia definitiva”, recalcó el presidente del organismo. Indicó que esto se logra en cumplimiento de la Ley N° 4716/12 que sanciona los juegos clandestinos y en concordancia con la ley de juegos de azar.
Lea más: Bachi ubica a extitular de Conajzar en Senado
Liseras comentó que la causa se inició desde la Conajzar, al detectarse que en Caaguazú existía una estructura que vendía sistemáticamente rifas, con fines lucrativos, y la actividad no tenía autorización municipal ni de la Conajzar. La causa se inició en 2018, con el funcionario Bladismir Arce, quien en ese entonces era jefe de Fiscalizaciones de Conajzar y hoy se desempeña como director de Fiscalización y Monitoreo.
“No existía un reglamento, autorización o mecánica de sorteo seguro, que permita a los jugadores a reclamar sus premios. No exístia ninguna garantía de que realmente los premios se entregaban y que eran resultado del azar”, comentó.
Liseras reiteró que la condena es sumamente importante, pues también resulta una llamada de atención a las autoridades a realizar bien el trabajo. Recordó que los procesos suelen prescribir y no se llega a un sanción.
Lea más: Tragamonedas: municipios desobedecen a Peña, denuncia Conajzar
Aprovechó para reiterar que actualmente se encuentra abocado en la tarea de eliminar las tragamonedas que funcionan de manera ilegal en sitios prohibidos, pues expone a los menores de edad al desarrollo de adicción a las apuestas y evaden impuestos, lo cual representa que se nieguen recursos para atención en la Diben, principalmente.
“Estamos trabajando con lo municipios del país, estamos realizando operativos y trabajos de investigación, que en su momento daremos más detalles”, adelantó.
Por otra parte, en los próximos días se cumple el plazo del sobreseimiento de las exautoridades de Conajzar que se encuentran procesados por la presunta adjudicación irregular de la quiniela, regularización de tragamonedas en sitios prohibidos y disminución ilegal del canon. Sobre el caso, Liseras mencionó que se enviaron informes requeridos por la Fiscalía y confirmó que en días más se cumple el plazo para que la Fiscalía solicite la reapertura para una acusación de los imputados o el sobreseimiento definitivo.
¿En qué casos la venta de rifa es legal?
El presidente de Conajzar reconoció que se volvió habitual la realización de actividades para recaudar fondos con fines benéficos, como las polladas.
En el caso de la rifa con fines benéficos y de manera casual, normalmente es de participación entre familiares y amigos, por lo tanto no existe precisamente una persecución penal y no se lo considera como un hecho punible.
En este caso, se comparó, detectó, confirmó y condenó por la venta de rifa como un sistema ilegal. “El sistema de venta de números y sorteos funcionaba de manera regular, rutinario, como si tratara de la quiniela”, explicó.
Indicó que cuando la venta de rifa tiene alcance de un distrito, los organizadores deben solicitar autorización del municipio, y cuando la venta es a nivel nacional, se debe realizar las gestiones de permiso ante la Conajzar.