Caja Fiscal: en 2023 hubo una fuerte inyección de recursos para tapar el déficit

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección General del Tesoro Público, inyectó el año pasado un monto importante de recursos provenientes de los impuestos pagados por la ciudadanía, para financiar el déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones o Caja Fiscal.

La Caja de Jubilaciones y Pensiones o Caja Fiscal, tiene más de 76.000 beneficiados, entre jubilados y pensionados.ARCENIO ACUÑA
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Los datos forman parte del informe sobre la situación actual del sistema de jubilaciones y pensiones del sector público, entregado la semana pasada a los diputados de diferentes partidos políticos.

El informe refiere que el Estado aportó el equivalente a 9,9% a la Caja Fiscal, lo que representa un monto de US$ 306 millones.

La inyección financiera se realizó de la siguiente manera: US$ 50 millones para pagar la bonificación anual o aguinaldo como se lo conoce al pago que se realiza a fin de año; US$ 158 millones para cubrir el déficit del programa no civil (policías y militares) y US$ 98 millones en concepto de cargos vacantes establecido por ley de presupuesto.

Con relación a este último, el ente previsional del sector público desde noviembre del año pasado ya no percibe los recursos destinados a cargos vacantes, debido a que se suspendió por ley de medidas extraordinarias y este año, se extendió la decisión a través de la ley de presupuesto.

Reservas se agotarán en 2027

El informe del MEF alerta que los recursos excedentes de la Caja Fiscal se agotarán en el mediano plazo y si no se realiza una reforma al sistema, el Tesoro Público tendrá que cargar con todo el déficit que se genera en la entidad previsional desde 2027.

Las proyecciones en ese sentido, indican que para dentro de tres años el déficit representará el 1,3% del PIB, lo que equivale a unos US$ 506 millones que el Tesoro tendrá que financiar íntegramente.

De este monto total, el déficit para el programa no civil (policías y militares) se estima será de US$ 217 millones y para el programa civil (administración pública, magistrados judiciales, magisterio nacional y docentes universitarios) US$ 289 millones.

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