En la primera jornada hábil posterior a las negociaciones entre el gobierno del presidente Santiago Peña y el Centro de Empresarios de Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam) para impedir un paro del servicio, se pudo apreciar una jornada con las deficiencias que ya están “normalizadas”. Los pasajeros debieron soportar reguladas de buses y viajaron hacinados.
En las calles no se aprecia el millonario monto que el Estado destinó al sistema, que consiste en G 109.140 millones (unos US$ 15 millones al tipo de cambio actual), dinero de todos los contribuyentes, por la prestación de los cuatro primeros meses de este año, en el área metropolitana de Asunción.
Los desembolsos son parte del cumplimiento de las exigencias de los transportistas de Cetrapam, cuyo vocero es César Ruiz Díaz, para frenar la medida de fuerza que estaba planificada para el 11 de junio último y durante tres días.
Se intentó conocer la opinión de Ruiz Díaz, pero no contestó nuestro requerimiento.
Cabe resaltar que el subsidio por cuatro meses de prestación es casi el doble de la totalidad dada en el 2020, año de la pandemia, pero que el Estado pagó conforme a lo planificado y como si fuera que hubo circulación normal.
Viceministro dice que sancionan a empresarios del transporte público
Referente a las reguladas, el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, respondió que se hacen los controles y aplicación de sanciones. “Estamos en proceso de fortalecer la norma actual y la tecnología de fiscalización para una acción efectiva contra todo incumplimiento que afecte a la ciudadanía y con énfasis en las reguladas”, dijo.
Por otra parte, se estima que la mejoría se podría percibir al concretarse la reforma del transporte público, plan que se encuentra en etapa de redacción.
Proyecto de ley de reforma de transporte público sin audiencia pública
Teniendo en cuenta que se trata de un proyecto bastante ambicioso, conforme lo describió el propio presidente Santiago Peña, se le consultó al viceministro de Transporte sobre la audiencia pública para que la ciudadanía interesada pueda participar, a lo que sólo respondió que “se prevé socializar”.
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“Socializar no existe. De hecho es un requisito mínimo hoy día bajo mínimos estándares de transparencia”, criticó el abogado y activista Jorge Rolón Luna.
Recalcó que se trata de un proyecto muy importante, que involucra los derechos de cientos de miles de personas. “Lo menos que pueden hacer es una audiencia pública”, puntualizó.