Congresos no deben aprobar el reciente acuerdo de Itaipú para la tarifa, según ministro

Ante recientes declaraciones en el Brasil del director general brasileño de Itaipú, Enio Verri, y el director financiero ejecutivo, André Pepitone, de que el acuerdo binacional por el que se definió la tarifa de la hidroeléctrica debe ser aprobado por los parlamentos de Paraguay y Brasil, el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, aclaró que no es así.

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Según el ministro de Industria y Comercio y consejero de Itaipú, Javier Giménez, el congreso brasilero ni el congreso paraguayo tienen nada que aprobar en relación al acuerdo para la tarifa para los próximos tres años. “Eso ya está definido. Se habrán referido al acuerdo del nuevo Anexo C, que sí tiene que ser aprobado por los Congresos”, manifestó.

En una entrevista radial, el ministro y también consejero de Itaipú señaló que el nuevo Anexo C tiene que definir el mecanismo para el cálculo de la tarifa para los próximos 47 años. “Ahí es donde en el acuerdo con el Brasil (del 9 de mayo último), hay una cláusula muy específica que dice que las partes van a terminar de negociar el Anexo C y que hay una idea de que volvamos a aquello que se firmó cuando se fundó la binacional”, señaló.

En ese aspecto, añadió que lo que se buscaría es que la tarifa refleje el costo operativo.

Refirió que en algún momento de la historia de Itaipú, se politizó la tarifa cuando se incluyó el concepto de gastos sociales. “Los gastos sociales no estaban en la cabeza de (Enzo) Debernardi cuando se firmó el Anexo C; eso fue algo que se inventó décadas después para que ambos países cuenten con recursos para hacer políticas públicas”, reconoció Giménez.

Agregó además que cuando se politizó la tarifa fue cuando “los países sienten el gusto y la dulzura de tener gastos sociales para hacer políticas públicas”, y que se puede después discutir dónde y cómo se usó ese dinero.

Por otra parte, el ministro de Industria contó que el gobierno está terminando los últimos detalles para determinar dónde van a ir los G. 650 millones que generarán los gastos sociales este año. “Yo sugeriría utilizar todo ese dinero para fortalecer el sistema eléctrico y la industria, a sabiendas de que hay que hacer hospitales, escuelas, estructuras viales (...) También definir el mecanismo de transparencia”, añadió.

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