El documento, al que veinte organizaciones repudiaron el sábado último porque lo consideran “fraudulento”, fue firmado por los gobiernos de Peña y Da Silva el martes 16 de abril último y dado a conocer el jueves 9 de mayo pasado, pese a que en Brasil lo divulgaron oficialmente el martes 7 de mayo.
El documento, que sus negociadores titularon como “Entendimiento entre el Paraguay y el Brasil sobre directivas relacionadas con la energía de Itaipú Binacional”, incorpora siete puntos, en la parte que podría definirse como “resolutiva” o tal vez ejecutiva.
No obstante, en sus dos últimos párrafos se leen otros “mandatos” a los que separaron de los siete resolutivos, tal vez con la decisión porque se trataba de rellenos el documento o darles menor fuerza o por sencillamente porque son las habituales “letras chicas” en documentos de este tipo.
En el penúltimo párrafo del Acuerdo se lee: “Los dos gobiernos acuerdan que las directrices anteriores deberán guiar las medidas oficiales posteriores de ambos países relativas a la Itaipú Binacional”. O sea, estas directrices constituyen los moldes que los “dos gobienos” deberán rellenar con las “medidas oficiales posteriores” que aún no acordaron os negociadores.
¿Ignoraron a los Poderes Legislativos?
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Hace unos días, la prensa brasileña informaba que esas “medidas” aún deberán someterse a la consideración de los Legislativos.
El último párrafo dice que “Las Altas Partes se comprometen a concluir la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú hasta del 31 de diciembre de 2024. El texto final del Anexo C revisado deberá contener los términos de este entendimiento”.
Lo principal es que es que admite con el “Entendimiento” comenzó la revisión del Tratado y, por ende solo falta la “conclusión”.
La carta abierta de la veintena de organizaciones fundamenta su rechazo de este documento con tres de las conclusiones de la carta abierta: 1. La fijación de una tarifa de Itaipú igual al costo del servicio, unida a la contratación por parte de ANDE del 50% de la potencia de la central. 2.- El uso a bajo costo de la energía que necesitemos, propiciando la ampliación de la tarifa social y la industrialización con altos requerimientos de mano de obra, así como el fortalecimiento del sistema eléctrico nacional y la mejora de la calidad del servicio y 3. La exportación por parte de ANDE de toda la energía de Itaipú que no consumimos a todo el mercado brasileño y a terceros países, con punto de entrega en Paraguay y según normas y justicia paraguayas.
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Las organizaciones que dieron a conocer el último fin de semana una Carta Abierta sobre el “Entendimiento Peña-Lula”, además, sostienen que Santiago Peña debe ser sometido a juicio político por la violación del Tratado de Itaipú y, por ende, de la Constitución “en perjuicio del Paraguay”.
El acuerdo de referencia representa “un tremendo retroceso para el Paraguay”, porque si ejerce su soberanía y se respeta el Tratado, el país debería recibir quince veces más por la energía cedida/exportada al Brasil” de la que Peña consiguió que, para colmo, es ilegal.
Añaden que “del mal desempeño en sus funciones” surge la necesidad “de un juicio político” al mandatario.
Explican que “el trato recientemente anunciado” es un enorme retroceso en relación al Acta de Foz de Yguazú (1966) y al Acuerdo Lugo-Lula (2009)...”.
La violación del Tratado y de la Constitución
La conclusión que el presidente Peña violó el Tratado la sustentan “en la transgresión del artículo VI.1 del Anexo C, el cual establece que la tarifa debe ser igual, cada año, al costo del servicio. Este, una vez saldada la deuda de 2000 M/año en 2023, no debía superar los US$ 8,87 por KW mes”.
“Pese a esta clara disposición vigente, el pacto fraudulento estableció una tarifa de 19,28 US$/KWmes”.
Prosigue que, al violar el Tratado, Peña transgrede el Art. 238, inciso 2, de la Constitución, que exige al presidente que cumpla y haga cumplir la Constitución “y las leyes, en este caso el mencionado en el Tratado”.
Añaden en la Carta, que “la tarifa ilegalmente acordada de 19,28 US$/KWmes, en relación al costo real del servicio de US$ 8,87 /KWmes, determina un sobrante bruto, que manejará discrecionalmente el lado paraguayo de Itaipú igual a US$ 758 millones anuales (2024)”.
El Acuerdo reportará al Paraguay solo US$ 114 millones por año
Aclaran que esos US$ 758 millones actuales están conformados por un sobrante bruto de US$ 571 millones/año, que ya existía con la tarifa de 16,71 US$/KWmes, más un sobrante bruto adicional conseguido por Peña, de US$ 187 M/año, monto del cual debe restarse la factura adicional que pagará la ANDE al subir la tarifa a US$ 19,28 KWmes respeto a la tarifa de 16,71 que ya regía, que es igual a US$ 37 M/año más. Por ello, el sobrante neto real obtenido por Peña será de tan solo US$ 114 M/año”. La carta sigue.
Entre las veinte organizaciones firmantes del repudio y reclamo al Gobierno de Santiago Peña sobre el “Entendimiento”, figuran Itaipú Causa Nacional, Partido Frente Amplio, Partido Comunista Paraguayo, Partido de los Trabajadores, Partido Revolucionario Febrerista, País Solidario, Confederación de la Clase Trabajadora, Movimiento Campesino Paraguayo, Itaipú es También Soberanía (PPP), Iguales, Soberanía y Resarcimiento, Ecologistas Verdes del Paraguay, ANDE Pueblo Mba’e, Escuelita Patriótica, etc.