A través de una carta abierta, las 21 organizaciones que convocaron al panel y la marcha sostienen que el acuerdo de Santiago Peña sobre Itaipú representa un tremendo retroceso para el Paraguay, ya que ejerciendo la soberanía y respetando el Tratado de Itaipú, debería recibir 15 veces más por la energía cedida/exportada al Brasil, de lo irrisorio que Peña consiguió, que tiene como agravante la ilegalidad.
Cuestionan que el acuerdo de Peña sobre Itaipú es una abierta violación del Tratado de Itaipú y de la Constitución en perjuicio del Paraguay, lo que implica mal desempeño en sus funciones y la necesidad de un juicio político.
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Explican que esto se da porque en la transgresión del artículo IV.1 del Anexo C, el cual establece que la tarifa debe ser igual, cada año, al costo del servicio y que esta, una vez saldada la deuda de US$ 2.000 millones año en el 2023, no debía superar los US$ 8,87 kW-mes. Pese a esta clara disposición vigente, el acuerdo con el Brasil estableció una tarifa de US$ 19,28 kW-mes, de más del doble.