Juan Enrique Rolón Garay contó personalmente su versión sobre “Che Róga Porã“. Llegó a la redacción de ABC y confirmó que no cuenta con título universitario que acredita su formación de arquitecto o ingeniero civil, requisito para ser aprobado como “desarrollador inmobiliario” del citado programa de viviendas, plan emblema del presidente Santiago Peña para disminuir el déficit habitacional del Paraguay.
Al ser insistido sobre cómo logró la aprobación del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH) para participar en el programa, respondió que demostró su “experiencia” en la construcción de viviendas sociales del programa Fonavis. Aunque no supo precisar detalles del proceso, alegando que otra persona de su “equipo de trabajo” maneja esas cuestiones.
Lea más: Constructoras criticadas en Fonavis figuran activas en “Che Róga Porã”
“Me hubieran avisado que me harían preguntas, para venir con mi asesor”, afirmó.
Se le consultó si pagó coima o tendría algún padrino político que le haya favorecido para su participación como prestador de servicios al MUVH, atendiendo a que no es un empresario de la construcción y a que él mismo reconoció ser “comerciante”. Rolón respondió que no e insistió en que podría volver en otra ocasión con su asesor, sin identificar quién, para responder más preguntas “administrativas”.
Rolón Garay se acercó a la sede central de ABC invitado para dar su versión, tras la presentación de una carta a la directora. En ese documento, expresó su disconformidad con publicaciones en las que se le nombró entre “desarrolladoras inmobilarias” con negro historial y con sanciones por incumplimientos en contratos con el Estado, según reportes de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), además de otras con vínculos políticos y hasta denuncias ante la Fiscalía.
Lea más: Firma del novio de Paula Carro, vocera del Gobierno, pretende proveer viviendas del MUVH
Él aseguró que jamás fue denunciado ante el Ministerio Público, aunque reconoció que el nombre “Taka”, denominación de su organismo de “Servicio de Asistencia Técnica (SAT) que trabajó para el Fonavis, aparece en una carpeta fiscal, a partir de una denuncia del propio MUVH de 2021 por presunta falsificación de firmas de postulantes para viviendas sociales. El fiscal Nestor Coronel lleva la causa y no descarta convocar a Rolón, quien aseguró que tampoco tiene inconvenientes para declarar, si lo llaman.
La participación de empresas con antecedentes de retrasos en obras, incumplimientos y con reclamos en la calidad de sus trabajos ha llamado la atención. Es que el programa “Che Róga Porã” no prevé un mecanismo de competencia entre constructoras, por ejemplo vía licitación, ni se aplica un proceso transparente en el cual la gente interesada en las viviendas pueda observar la evaluación y aprobación de los proyectos habitacionales. Tampoco se conoce quiénes son los funcionarios responsables de este plan ni su perfil, que son datos de interés público que en procesos regidos por la Ley N° 7021 de Suministro y Contrataciones Públicas, sí se garantizan.
En “Che Róga Porã” prevén que el MUVH verifique los proyectos de las “desarrolladoras inmobiliarias”, sin la contraloría ciudadana en ese proceso, y recién después, estos se suben a un portal. En el sitio www.cherogapora.gov.py, la gente podrá postularse y una vez precalificada, firmará los papeles para obtener un crédito de la vivienda en un banco, financiera o cooperativa, con el cual autorizará a la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) a desembolsar recursos públicos en su nombre (hasta G. 400 millones) y que irá devolviendo a la entidad financiera, en un plazo de hasta 30 años, al 6,5% de interés anual, que recién comenzará a abonar después de mudarse a la nueva residencia.
Lea más: Según AFD, el sector privado asume el mayor riesgo en “Che Róga Porã”
En este contexto, Rolón aseguró a ABC que no tiene “negros antecedentes”, pues no tiene vinculación en el presunto esquema de falsificación de firmas investigado por Fiscalía. Recalcó que la publicación le perjudicó y debió rendir cuentas ante su banco, que es un comerciante y que sólo desea trabajar. Cuando se le insistió sobre su experiencia laboral, dijo que se dedicaba a comprar y vender inmuebles, aunque no dio detalles de su negocio.
Lea más: Viviendas sociales: Fiscalía sigue sin aclarar falsificación de firmas en proyectos
Y aún sin dedicarse al rubro de construcción, fue admitido como SAT para el programa Fonavis, en el que tampoco hay concurso sino que se realizan transferencias directas a los organismos, vía rubro 800. Los SAT se encargan de gestionar la documentación y contratar a una constructora para edificar las viviendas sociales para gente de escasos recursos, principalmente.
Dijo al respecto que normalmente el MUVH le “da la oportunidad” a la SAT y que si cumple, recibe más proyectos. Mencionó dos pero no entregó los documentos de las construcciones que realizó en el pasado para la citada cartera.
Actualmente, el Fonavis no dispone de un sistema que permita a la ciudadanía conocer el proceso de evaluación de los proyectos.
¿Por qué genera suspicacia?
El Ministerio de Urbanismo, cuyo titular es Juan Carlos Baruja, habilitó como “desarrolladoras inmobiliarias” a compañías que registran cuestionado historial en construcciones del Fondo Nacional de Viviendas Sociales (Fonavis), Ley N° 3637, y otros trabajos con el Estado.
Dicho programa provee casas para gente de escasos recursos, principalmente, que permite contratos directos del MUVH con las prestadoras de “Servicio de Asistencia Técnica - SAT”. Para esas adjudicaciones no se realiza un proceso de competencia o licitación, el MUVH se dedica simplemente a verificar y aprobar la documentación, y luego ordena las transferencias directas de recursos vía rubro 800 (el mismo que se utiliza para pagos a ONG).
Esa función de sólo verificar y aprobar es la misma que se implementará en el programa Che Róga Porã. La diferencia radica en que los recursos pagarán los beneficiarios, a través de un crédito a pagar en hasta 30 años, en condiciones más flexibles que las vigentes en el mercado.
Para habilitar a las firmas, ni siquiera se descartó a las que registran incumplimiento con el Estado, según pudo corroborar ABC.