El economista y exministro, César Barreto, dio su opinión sobre dos temas principales en estos primeros 100 días de gobierno del presidente Santiago Peña, como son las reformas y las finanzas públicas, que incluyen la política fiscal y el presupuesto.
Con respecto al primer tema, dijo que se avanzó en algunas reformas menores y espera que esto sea el punto de partida de las importantes reformas que necesita el aparato estatal, para mejorar la calidad del gasto público.
Explicó que la reforma tuvo un impulso inicial con la reestructuración del Ministerio de Hacienda para la creación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).
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“Con ello el MEF pasa a tener el rol de dirección y coordinación de la política económica del Gobierno y absorbe a la Secretaría Técnica de Planificación y la Secretaría de la Función Pública, que pasan a ser viceministerios lo cual le permitirá una mayor incidencia en la asignación y ejecución de los recursos públicos que, si es bien implementada, podría redundar en una mejor calidad del gasto público”, aseguró.
Por otro lado, expresó que la salida de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y su fusión con la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) para la creación de la DNIT, es un cambio sustancial con resultados inciertos. “Lo veremos en unos años si esta autonomía ha logrado mejorar el control tributario o no”, refirió.
Débil gobernanza en pensiones generan dudas
Barreto añadió que hace unos días el Poder Ejecutivo anunció el acuerdo con líderes sindicales y empresariales para enviar al Congreso el proyecto de ley de regulación de la inversión de fondos previsionales y la creación de la superintendencia de jubilaciones.
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“Es un paso inicial dentro del necesario proceso de reforma del sistema de jubilaciones del país, pero la débil gobernanza que resultó del acuerdo me generan dudas sobre su efectividad en avanzar en los siguientes pasos de las reformas”, indicó.
Un desorden en las finanzas públicas
En cuanto a las finanzas públicas, señaló que el gobierno de Peña recibe como herencia un desorden en las finanzas públicas, resultado de la pandemia y de una expansión del gasto público electoral.
“Uno de los desafíos más importantes del país es recuperar una política fiscal sostenible luego de la pandemia, para lo cual el gobierno anterior había determinado un plan de convergencia del déficit fiscal al tope fijado en la ley de responsabilidad fiscal. Sin embargo, el propio Mario Abdo Benítez (expresidente de la República) deja un déficit fiscal anualizado a agosto superior al 3,3% del PIB cuando el tope fijado en el presupuesto del 2023 era del 2,3% del PIB y, al mismo tiempo, deja atrasos en pagos a proveedores por alrededor de US$ 600 millones”, consideró.
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El exministro argumentó que ante esta realidad, el gobierno decidió no cumplir el plan de convergencia fiscal determinada por su antecesor y solicitó al Congreso una ampliación del déficit fiscal para el presupuesto del 2023 al 4,1% del PIB, así como también una autorización de endeudamiento adicional para el Estado por hasta US$ 600 millones y, además, reprogramar el plan de convergencia del déficit al tope del 1,5% del PIB fijado en la Ley N° 5098 de Responsabilidad Fiscal hasta el año 2026, que inicialmente había sido fijado por su antecesor para el próximo año 2024.
La extensión del plazo de convergencia no era necesaria
“La ampliación del déficit y la deuda adicional para este año es razonable para cumplir con los compromisos ya asumidos con proveedores, pero finalmente la emisión de bonos fue postergada para principios del 2024 y consecuentemente, también los pagos de las deudas atrasadas con proveedores, quienes tienen gran parte de sus obras paradas o a un ritmo mínimo y muchos trabajadores han sido suspendidos temporalmente debido a la falta de liquidez”, refirió.
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Dijo que, por otro lado, “la extensión del plazo de convergencia del déficit no era necesaria y conllevará una postergación de la mejora en la calificación de riesgo y el ansiado grado de inversión para el país hasta que se demuestre compromiso político con la ley de responsabilidad fiscal, un ancla muy importante para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas”, afirmó Barreto.