Numerosos temas en agenda económica se han quedados pendientes de ejecución en los 100 primeros días del presidente Santiago Peña.
Desde las reformas estructurales hasta la mejora en servicios básicos son las demandas pendientes de atención, además de críticas por gestiones en entes públicos, que caracterizaron esta primera etapa del gobierno.
No avanzó con las reformas, a pesar de la doble mayoría parlamentaria
El exministro de Hacienda, Dionisio Borda, señaló que el presidente Peña arrancó con una holgada doble mayoría parlamentaria para avanzar con las reformas, pero lo desperdició. Dijo que extender el plazo de convergencia fiscal afecta la credibilidad del país y que la deuda está llegando a su tope.
Borda habló con ABC de los 100 días de gobierno del presidente de la República, Santiago Peña, que a su criterio prácticamente no avanzó en las reformas económicas y sociales que necesita el país.
Explico que arrancó su gobierno con una holgada doble mayoría parlamentaria, una situación privilegiada que lamentablemente lo desperdició.
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Pareciera que sigue en campaña electoral
Dijo que Peña se dedicó a viajar mucho tiempo para anunciar “el despertar de un gigante” y pareciera que sigue en campaña electoral, porque se olvida que tiene su hoja de ruta que es cumplir las condiciones del acuerdo de Instrumentos de Coordinación de Políticas del FMI, vigente hasta el 2024.
Al respecto, refirió que los objetivos son explícitos: asegurar la estabilidad y resiliencia macroeconómicas; impulsar las reformas del sector público; y mejorar la protección social e incorporar a los trabajadores informales a la economía.
Borda afirmó que Peña no mostró autonomía de su mentor político y presidente de su partido, Horacio Cartes, y que el comando político del movimiento HC, en la práctica, remplaza o compite con su gabinete de ministros.
En ese sentido, indicó que muchas decisiones tomadas fueron revertidas, como el intento de derogar el acuerdo con la Unión Europea, que finalmente quedó demostrado que fue simplemente una consigna de campaña.
Señaló que tenía una expectativa alta, ya que el Equipo Económico tiene oficio y todos conocíamos que las tareas inmediatas eran: la reforma de la Caja Fiscal, del servicio civil, la creación de la Superintendencia de Pensiones, la reforma de la organización administrativa del Estado, las reglas fiscales 2.0 para controlar el aumento del déficit fiscal y del coeficiente de la deuda pública.
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Deuda social con sectores vulnerables
Además, y sobre todo, las acciones concretas para saldar la gran deuda social con la gran mayoría de los sectores vulnerables urbanos y rurales, por los dos años de recesión, pandemia, pérdida de empleos y de la capacidad adquisitivas, por el aumento de la inflación y de la canasta básica de consumo de los pobres.
Con respecto a la extensión del plan de convergencia fiscal, aseguró que perjudica nuestra credibilidad como país, ya que el gobierno anterior se comprometió a volver al tope fiscal en 2024 y el gobierno actual decidió extender al 2026.
Sobre la deuda, consideró que estamos llegando al tope de nuestro nivel de endeudamiento teniendo en cuenta nuestra baja capacidad de pago.
“No se trata de decir que el Paraguay tiene el coeficiente más bajo de endeudamiento, desacoplando de la baja presión tributaria que es una de la mas baja de la región”, afirmó.
A su criterio, el superpoder o el cheque en blanco (emitir bonos o préstamo) no se puede hacer a espalda del Congreso, por lo que señaló no entender esta medida cuando el gobierno tiene una doble mayoría parlamentaria. “Algunos abogados consideran inconstitucional”, resaltó el exministro.
Histórica apertura de EE.UU. para la carne
Aunque es un proceso que inició hace 10 años, pero que cobró mayor impulso en el gobierno anterior, dentro de los 100 días del gobierno de Santiago Peña se concretó un logro histórico para el Paraguay, que por primera vez puede exportar carne vacuna congelada o refrigerada a los EE.UU., conquista que eleva el prestigio de la ganadería paraguaya y de industria del rubro.
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Al respecto, el titular de la ARP, Dr. Pedro Galli, destacó el logro de la apertura de EE.UU. para la carne y también la intervención del gobierno en la lucha contra el contrabando.
“Estamos teniendo un diálogo fluido con los nuevos ministros y valoramos la posibilidad de trabajar en conjunto. La conducta que está teniendo Peña de poner en agenda temas súper sensibles y urgentes, que necesitan postura política firme, nos llena de fundado optimismo”, afirmó Galli.
A su vez, el titular de UGP, Ing. Héctor Cristaldo, dijo que para los tiempos del agro 100 días no permite hacer evaluación, pero que las buenas expectativas del gobierno siguen.
Reguladas y trabas a la participación ciudadana
El cambio de autoridades en el Viceministerio de Transporte, del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), no se ha traducido en una mejor prestación del servicio de traslado masivo de personas en este gobierno, coinciden usuarios, pues el sistema sigue con las mismas o peores deficiencias.
El transporte es un servicio público e imprescindible, conforme estipula la Ley N° 1626 de la Función Pública. Sin embargo, los pasajeros hace meses soportan largas esperas por los colectivos en las paradas, situación que evidencia “reguladas” de sus frecuencias.
Esta situación expone a los usuarios a la inseguridad y luego, a viajar hacinados en los buses. Todas estas incomodidades se dan, pese a que la prestación cada año es más cara para todos los contribuyentes del país, cuyos impuestos van a parar a los bolsillos de los transportistas del Área Metropolitana de Asunción.
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A esta problemática se suma la resistencia del VMT de abrir sus puertas no solo a la prensa, sino también a la sociedad civil organizada, como la Opama.
Itaipú desvinculó 187, pero tuvo que recular
Desde el gobierno de Santiago Peña, antes de asumir el mandato, se habían manifestado en contra del concurso para contratar 220 funcionarios en Itaipú, que convocaron en mayo pasado. Sin embargo, el presidente Mario Abdo permitió que siguiera el proceso que fue denunciado por algunos participantes ante la detección de ciertas irregularidades. El 1 de agosto, 187 seleccionados empezaron a trabajar en la binacional.
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El 11 de octubre, el nuevo director general de Itaipú, Justo Zacarías, anunció la descontratación de los 187 funcionarios -incluyendo embarazadas y en periodo de lactancia- asegurando que “no se garantizó la igualdad de oportunidades” en el concurso. Días después, las 12 mujeres fueron reincorporadas. Tras semanas de manifestaciones de los desvinculados, el 8 de noviembre, Itaipú informó que reintegraba a 165 funcionarios porque no hallaron indicios de irregularidad en sus perfiles. El grupo que quedó fuera presentó el 21 de este mes una demanda laboral contra la entidad.
Sin obras, pero con cocido en MOPC
A 100 días de la asunción del gobierno de Santiago Peña, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), cuya titular es la Ing. Claudia Centurión, no se licitó ninguna nueva construcción y, hasta ahora, ni siquiera se presentó un plan de inversión de la institución para los próximos años. Solo se mostró el plan de alcantarillado sanitario para varias ciudades, que son proyectos heredados de la administración anterior y que ya tienen financiamiento.
Asimismo, continúa la millonaria deuda de US$ 330 millones con las contratistas, que también dejó el gobierno de Mario Abdo Benítez, según la cifra que dio a conocer la cartera de Estado esta semana. Ni siquiera las obras que ya fueron adjudicadas hace un año, como la ruta bioceánica, tramo Mariscal Estigarribia - Pozo Hondo, avanzaron hasta hoy, ni tampoco la ruta PY 12, que une el Cruce Nanawa con Gral. Bruguez.
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Mientras tanto, la institución apuró llamados para equipar peajes y, además, la adquisición de cocido, café y chipitas por un monto máximo de G. 200.000.000. La cartera de Estado pretendía comprar chipitas a G. 61.500 el kilo y el cocido a G. 29.000 el litro, según los datos de la convocatoria, pero tras los cuestionamientos Centurión canceló la licitación.
Polémico contrato con Lafarja
Acorralado, Petróleos Paraguayos (Petropar), cuyo titular es Eddie Jara, tuvo que rescindir el contrato con la empresa AP SA, de Andrea Lafarja, que debía proveer gasoíl a la estatal, tras los indicios de direccionamiento y ante la incapacidad de cumplimiento de la firma.
La compañía de la deportista tenía experiencia solo en la provisión de alfombras, mobiliarios y decoración, pero aún así le adjudicaron la adquisición del carburante por más US$ 50 millones.
La dirección de la empresa que hicieron figurar en el contrato está a pasos de Mburuvicha Róga y en el lugar funciona una consultora donde informaron que desconocían a la compañía.
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La rescisión se oficializó a través de una resolución del 3 de noviembre de 2023 y, según el documento, la cancelación del contrato ocurrió porque AP SA no presentó la póliza de fiel cumplimiento del fallido contrato.
Ante este incumplimiento, la petrolera pública debía reclamar la garantía de mantenimiento de oferta, por un monto de US$ 1,5 millones. La estatal Petropar informó que intimó a la firma a que pague la caución, pero que esta no realizó el desembolso, por lo que ahora están “analizando” las acciones legales que realizarán en contra de la empresa.
El patrimonio de AP SA es de solo US$ 915.021.