El representante del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) ante el Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), Carlos Alberto Pereira Olmedo, aseguró que el presidente de la República, Santiago Peña, busca “blindar” los fondos jubilatorios de la previsional. Las declaraciones las brindó ayer en entrevista con ABC.
“El fondo de jubilación para nosotros es prioridad. El presidente de la República me pidió en primer lugar blindar, salvaguardar la integridad de los recursos financieros y en segundo lugar, una modificación ordenada de una carta orgánica que data de 1943, y tiene 80 años”, afirmó.
Sostuvo que la preocupación radica en atención a los reportes financieros obtenidos en los últimos años.
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Añadió que dichos informes sugieren hacer ajustes paramétricos, utilizando los 10 mejores años para llegar el importe mínimo del pago de jubilación y no el del promedio de los últimos 3 años, que es lo que rige actualmente.
“El sistema actual hace que exista una simulación en el aporte de la gente”, dijo.
Fondos jubilatorios: reformas no implicarán aumentos en los aportes
Por ese motivo, lo primero que hizo fue solicitar datos de las distintas direcciones de la previsional y a partir de eso elaborar la propuesta con el Consejo y luego enviar ese documento para su tratamiento en el Congreso.
“Yo me voy a encargar de que antes de que pase por el Congreso, la ciudadanía sepa de qué se trata, artículo por artículo, el por qué se va a modificar y que también tengan un espacio de participación y opinión”, afirmó Pereira.
Por su parte, el presidente de la previsional, Jorge Brítez, destacó que la reforma no implicará que los asegurados paguen más. Puntualizó que el objetivo es disminuir la evasión y optimizar la administración.
“La evasión se estima que sería del 63% de los trabajadores, casi dos de cada tres personas”, comentó Brítez.
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Agregó que por eso estamos buscando sincerar el sistema y después realizar fiscalizaciones en las empresas. “Primero buscamos sincerar, formalizar, y luego caer con todo, si es que no se aprovechó este periodo”, comentó.
En ese sentido, adelantó que se desarrollan los trabajos necesarios con la ministra de Empleo, Mónica Recalde. “El plan es sincerar y aportar por lo que se tiene que aportar, con eso vamos a conseguir una mejor recaudación y lograr ofrecer un mejor servicio”, explicó.
Por otra parte, hace unos días la Dirección de Aporte Obrero Patronal (AOP), cuyo titular es Américo Riquelme, había comunicado que en las próximas semanas no se realizarán fiscalizaciones y que ningún funcionario se encuentra autorizado para verificación alguna de esa clase.
Distribución de recursos
La normativa vigente establece en su régimen general de aporte del 9% de parte del trabajador y del 16,5% del empleador, sobre el salario percibido por el empleado. De la distribución de ese conjunto, es decir, del 25,5%, corresponde un 14% al IPS y 2,5 se destina al Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) y Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (SENEPA). El 23% que queda en la previsional, se distribuyen en tres fondos, que son de salud (9%), jubilatorios (12,5%) y administración (1,5%). También hay otros regímenes más flexibles.
Trabajadores del sector público y privado rechazan proyecto de jubilaciones
Trabajadores del sector público y privado participaron de la audiencia pública sobre el proyecto de ley “Por el cual se reglamenta el rol supervisor del Estado a las entidades de jubilaciones y pensiones, en cumplimiento del artículo 95 de la Constitución Nacional”. Todos coincidieron en expresar su rechazo a la propuesta, y que la misma debe ser enviada al archivo.
Referentes sindicales no descartaron convocar a una huelga general como medida de protesta. Participaron de la actividad los senadores Kattya González, Yolanda Paredes y otros legisladores de la oposición.
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Eduardo Ojeda, de la Corriente Sindical Clasista (CSC), convocó a los trabajadores a una huelga general como la alternativa más viable, atendiendo que el partido del gobierno cuenta con mayoría en ambas cámaras del Congreso.
“Las cajas jubilatorias están en crisis por el abandono del Estado y la corrupción de las autoridades”, dijo. Recalcó que con las instituciones y aplicando normativas vigentes se podría tener un mejor sistema y más saludable”, apuntó.
“Quieren privatizar el sistema jubilatorio”, recalcó, para enfatizar seguidamente que no lo van a permitir, pues ya lo intentaron anteriormente y no lo lograron.
Por su parte, María Estela Invernizzi, del sindicato del Ministerio de Obras Públicas, afirmó que se pretende engañar a los trabajadores con que se creará un consejo consultivo para brindar participación a los jubilados.
Sergio Lovera, sindicalista del Instituto de Previsión Social (IPS), atacó el hecho de que el Gobierno pretende que el Banco Central del Paraguay (BCP) sea el responsable de vigilar la caja de jubilaciones, a pesar de que no sea una competencia atribuible al ente. Conforme a su carta orgánica estipula que su función es todo lo relativo a la política monetaria, crediticia y cambiaria.
El presidente interino del BCP, Humberto Colmán, explicó que el proyecto aún se encuentra en análisis por el equipo técnico. Sin embargo, destacó que el objetivo es precautelar los recursos de más de un millón de beneficiarios, entre jubilados y aportantes.
Comentó que los recursos que manejan las cajas jubilatorias rondan US$ 3.000 millones, dinero que no tiene control especializado en el sistema de pensiones. “El proyecto es relevante, el BCP tiene la capacidad de llevar adelante”, afirmó.
Explicó que la propuesta consiste en aplicar una supervisión integral del sistema financiero, manejo responsable y profesional de los recursos, a fin de que el sistema sea sostenible, aumente su cobertura y exista mayor seguridad sobre los ahorros.
“(El BCP) es un árbitro, no participa ni decide sobre inversiones, solo fija reglas”, comentó Colmán.