En 2020 -en medio de la crisis económica debido a la pandemia que derivó en una caída de la recaudación del fisco-, el Congreso aprobó aumentar de 20% a 40% el margen de preferencia en compras públicas por bienes y servicios de origen nacional. La normativa fue vetada por el Ejecutivo, sin embargo, entró en vigencia.
En ese entonces, el titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Pablo Seitz, había calificado de ventaja abusiva, pues obliga al Estado a comprar artículos pese a ser más caros que otros similares y con la excusa de la promoción a la industria nacional.
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De hecho, en pandemia, los rubros que obtuvieron contratos de mayor valor con el Estado fueron los rubros farmacéutico y de obras públicas, sin que requieran mayor incentivo.
Las modalidades adjudicadas beneficiadas con margen de preferencia son licitaciones públicas, contratación directa y concurso de ofertas. Hasta ahora, DNCP no reportó cuánto más pagó el Estado aplicando esa normativa en las adquisiciones.
Para la Unión Industrial Paraguaya (UIP) fue “uno de los impulsos más grandes” que recibió la industria.
La medida tuvo impacto internacional, pues varios países apuntaron a que se modificaban sustancialmente términos de acuerdos firmados con Paraguay.
Los desafíos
Los inversionistas requieren mayor seguridad jurídica, pues permite una mayor previsibilidad, y que la misma sea una política de Estado.
Para la UIP, en estos cinco años de Gobierno, se registraron avances importantes, tales como la ampliación del plazo del Régimen de Materia Prima y otros detalles que “oxigenan” el Régimen de Maquila y generan una proyección de negocios por US$ 6.200 millones en los próximos 9 años.
Sin embargo, fue una constante la queja de los industriales por falta de resultados en el combate al contrabando, que incluso salpicó en un caso como cómplice del flagelo al hermano del vicepresidente Hugo Velázquez, Carlos Velázquez. Se requiere aplicación de sanciones.
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