Deuda pública: aumento de intereses genera más restricciones a la ejecución presupuestaria

El economista y exviceministro de Economía del Ministerio de Hacienda, Manuel Alarcón, sostiene que el nuevo gobierno debe apuntar al grado de inversión para conseguir menores tasas de interés por la deuda, atendiendo que los pagos en este concepto van aumentando e incorpora más restricciones a la ejecución presupuestaria.

En el primer semestre los pagos en concepto de interés por la deuda pública aumentó 46,8%, según informe de Hacienda.ANDRE COELHO
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El economista Manuel Alarcón explicó que el incremento del monto destinado al pago de los intereses de la deuda contraída por el Estado, responde a la suba de las tasas en el mercado financiero internacional.

El exviceministro de Economía señaló que no es una novedad que esto iba a pasar y esta situación incorpora a las finanzas públicas mayores restricciones en la ejecución presupuestaria, por lo que se tendrá que diseñar estrategias claras al respecto.

A su criterio este punto va a ser uno de los desafíos del nuevo gobierno de Santiago Peña, que asumirá el próximo 15 de agosto, y en su opinión la mejor estrategia es tomar la decisión clara, concreta y disciplinada de obtener el grado de inversión.

Señaló que esa mejora que se logre con el grado de inversión podrá generar por cada punto de la tasa de interés un ahorro importante para el país.

Como ejemplo y a modo de dimensionar su importancia, dijo que si toda la deuda se hubiera colocado contando con el grado de inversión se ahorraría por cada punto de la tasa de interés la suma de US$ 150 millones.

Aumentó 46,8% en el semestre

El informe de “Situación Financiera” de la administración central al mes de junio, que el Ministerio de Hacienda dio a conocer el último lunes, señala que los pagos de intereses crecieron 46,8% en el primer trimestre, comparando con el mismo lapso del año pasado.

Los datos dan cuenta que de enero a junio el Tesoro Público pagó G. 2,4 billones (US$ 338,2 millones) a los organismos financieros internacionales y tenedores de bonos del Tesoro para estar al día con los compromisos financieros, contra los G. 1,6 billones (US$ 230,3 millones) abonados en el mismo lapso del año pasado.

La diferencia entre uno y otro ejercicio fiscal de la administración central representa G. 766.000 millones (US$ 107,9 millones) más para las arcas del Estado, que se financia con los fondos provenientes de la recaudación de impuestos ya que la ley prohíbe pagar con deuda porque se trata de un gasto corriente.

Además, al consumir más recursos genuinos, limita la capacidad del Estado en la ejecución de otros gastos prioritarios atendiendo la baja recaudación existente.

Hacienda indica que el referido incremento se explica, principalmente, por los aumentos de las tasas de interés de la deuda con organismos multilaterales (Banco Interamericano de Desarrollo (BID), CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, el Banco Mundial y otros).

A esto se suma que la deuda va creciendo cada año, al mes de abril el total del sector público llegó a los US$ 15.444,4 millones, lo que representa 34,3% del PIB. De esto, a la administración central le corresponde US$ 13.821,3 millones (30,7%) y a las entidades descentralizadas US$ 1.623,1 millones (3,6% del PIB), gran parte de éste último grupo tiene la garantía del Tesoro.

Reducir gastos fusionando entidades

Alarcón insistió en que el aumento en los pagos de intereses de la deuda incorpora mayores restricciones a la ejecución presupuestaria y que el nuevo gobierno deberá tener una estrategia clara al respecto.

Considera que eliminar actividades y entidades con funciones duplicadas es una buena señal, pero los ahorros no se verán en el cortísimo plazo.

En ese sentido, Alarcón citó que tomar la decisión de unificar la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) es una muy buena medida si se hace como corresponde.

Dijo que la historia muestra que la “descentralización” de la Aduana solo sirvió para una mayor discrecionalidad porque no se hizo cómo debió hacerse, porque una nueva entidad siempre debe surgir con pasivo laboral “cero”, pero en la DNA no ocurrió eso hace 20 años y hoy están casi los mismos, pero con mayores beneficios y sin cambios estructurales de relevancia.

“Como conclusión está medida puede a su vez incorporar mayores restricciones, pues en la SET querrán tener muchos, si no todos, los beneficios de la DNA”, puntualizó el economista.

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