Los presidentes de los gremios Unión Industrial Paraguaya (UIP) y la Asociación Rural del Paraguay (ARP) reportaron a ABC su postura sobre el operativo “Pavo Real”, desarrollado en la jornada de este lunes por la Fiscalía. Coincidieron en pedir al Poder Judicial y al Ministerio Público que la justicia funcione y se apliquen sanciones a los responsables, y que no quede sólo como “procedimientos ruidosos”.
Enrique Duarte, presidente de UIP, mencionó que las investigaciones son importantes para “limpiar la imagen” del país y aumentar la atracción de inversiones extranjeras.
“En la región, Paraguay es el que tiene mejor clima de negocios y ahora, aspiramos a mejorar la puntuación para el grado de inversión”, mencionó Duarte.
Por otra parte, señaló que uno de los pedidos más recurrentes a las autoridades es la aplicación de justicia, que en la resolución de los casos más emblemáticos se aprecia que son por una cuestión de forma y no de fondo. Por este motivo, se espera que este caso no sea así.
“Insistimos en que necesitamos que se aplique la justicia. Sin opinar en este caso en particular, vemos que al parecer existen indicios que llevaron a realizar los procedimientos”, comentó.
Pedro Galli, de ARP, lamentó que entre los sitios que fueron allanados por la Fiscalía se encuentra la residencia de una fiscala, y que la misma presentaba un aspecto muy lujoso y lo cual podría ser indicio de actividades sospechosas.
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“Es un importante operativo que nos muestra a todos los largos tentáculos del narcotráfico y el grado de infiltración, incluso en instituciones públicas, (que dificulta) promover el cumplimiento de las leyes, lo cual mucha gente no dimensiona”, afirmó.
Añadió que es grave el efecto que tiene el narcotráfico en el país, sobre todo por el ingreso sideral de dinero al sistema financiero mediante diversas maneras del lavado y que distorsiona la economía del país.