El síndico titular de Compañía paraguaya de Comunicaciones (Copaco), Julio César Ledesma, que hace poco fue designado en dicho cargo, tras la destitución de Francisco Manzi, debe definir quién será el presidente interino de la telefónica pública, tras la renuncia de Sante Vallese.
Según fuentes de la estatal, Ledesma era uno de los leales de Vallese, por lo que justamente fue puesto como síndico. Anterior a ese cargo se desempeñaba como funcionario de la telefónica Vox, satélite de Copaco.
En este sentido, el procurador Rodolfo Barrios, quien representa al Estado (accionista mayoritario) en Copaco, informó que hasta ahora no fueron informados quién será designado como titular interino de Copaco, pero explicó el procedimiento que se debe seguir.
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Copaco se rige por sus estatutos y el Código Civil
En este sentido, Barrios señaló que Copaco, al ser una sociedad anónima, se rige por sus estatutos y el Código Civil. Agregó que en el caso de la compañía estatal no existen directores suplentes, por lo que corresponde al síndico la designación del presidente del directorio de Copaco, “quien deberá cumplir sus funciones hasta que convoque una nueva asamblea ordinaria, en virtud a lo establecido en el art. 1107 del Código Civil”.
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Barrios resaltó que el síndico debe designar al presidente interino hasta la nueva asamblea, cuya fecha tampoco se definió hasta ahora. “Aún no fui informado por el síndico, pero cuando se designe al presidente interino, éste deberá convocar la asamblea. El síndico, al momento de aceptar la renuncia del Ing. Vallese, deberá designar a su reemplazante para que desempeñe el cargo de manera interina. Aguardamos que esto ocurra en breve y daremos a conocer apenas esté confirmado”, expresó.
A menos de dos meses del cambio de Gobierno, Sante Vallese presentó ayer su renuncia al cargo de presidente de Copaco. El funcionario arrastraba varios cuestionamientos en su gestión al frente de la empresa estatal.
Una de las críticas más fuertes al ahora extitular de Copaco es que haya demandado a la estatal que dirige, para embolsarse más de G. 543 millones como compensación por jubilación, premio que la estatal sigue pagando por “exigencia” del contrato colectivo de trabajo.