Pobladores de los distritos de San Lázaro, Itacuá, San Alfredo, Paso Horqueta, Puentesiño y Belén, todos del departamento de Concepción, llegaron esta mañana hasta la capital del país para manifestarse frente al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
Exigieron la reparación de la “nueva” y desastrosa ruta Concepción-Vallemí, carretera a la que bautizaron como la “ruta de la muerte”, por la gran cantidad de accidentes de tránsito que se registraron por el pésimo estado de la vía.
A tempranas horas, los manifestantes fueron reprimidos salvajemente por la Policía frente al MOPC, según reportaron. Los agentes desplegaron una importante dotación en el sitio y querían impedir que se ingrese a las instalaciones del ministerio y que se cierre media calzada de la calle Oliva.
Finalmente, tras este incidente, los intendentes de los municipios mencionados y de la Gobernación de Concepción lograron reunirse con el ministro del MOPC, Rodolfo Segovia. En esta reunión firmaron un acuerdo en el que Obras Públicas se comprometió a bachear la ruta.
Los trabajos deben empezar en 72 horas, según el documento firmado. También se acordó el apoyo municipal para el personal del MOPC, puntualmente en lo se refiere al hospedaje, así como en el control y fiscalización permanente de las obras.
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Lamentaron violencia de la policías contra manifestantes
Joaquina Azuana, intendenta de San Lázaro, fue la vocera tras la reunión con las autoridades del MOPC, quien lamentó la violencia por la que pasaron por movilizarse. “A una congénere los policías le estaban dando patadas y golpes, eso no se hace, estamos en un país libre y soberano, donde debe reinar la democracia”, resaltó.
Respecto a lo acordado con Obras Públicas, señaló que se tiene un proyecto de solución integral para la mencionada carretera, pero que eso aún llevará su tiempo, por lo que ahora se realizarán las tareas de bacheo. En este sentido, resaltó que si el MOPC no cumple con el acuerdo firmado, los pobladores cerrarán la carretera en el km 52, de manera a evitar que grandes cementeras como Cecon puedan sacar sus productos.
Azuaga también cuestionó que camiones de gran porte utilizan la ruta Concepción Vallemí sin ningún control del peso y que las cementeras de la zona, Cecon e INC, pueden colaborar con cemento para hacer los bacheos. “La empresas Cecon y la INC están sacando toneladas de cemento, que son empresas preponderantes”, expresó.
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Ruta es nueva y tuvo sobrecostos
La construcción de la ruta Concepción-Vallemí se inició en 2011 y, según cronograma, debían terminar a finales del 2013, lo que no fue posible por diversos motivos, quedando incluso semiparalizada la obra por mucho tiempo, según se informó en su momento.
La obra se había adjudicado en tres tramos por G. 439.598 millones, pero terminó costando G. 503.828 millones, según los registros del MOPC.
De acuerdo con los datos, el Tramo 1 de 51 kilómetros fue ejecutado por el Consorcio Tagatiyá, representado por Emilio Díaz de Vivar. El Tramo 2 tuvo una longitud de 60,06 kilómetros y fue encargado a la empresa T y C SA, de Francisco Griñó. El tercer tramo le correspondió a la empresa Benito Roggio e Hijos SA, representada por Emilio Gill. La longitud trabajada por la empresa vial fue de 58,02 kilómetros.
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El MOPC licitó y adjudicó en 2017 un cuarto tramo, como obras complementarias. Es un tramo de 21,79 km que se adjudicó al Consorcio Rotec-San Lázaro (integrado por las empresas Benito Roggio e Hijos, Tecnoedil SA, que demandó una inversión de G. 85.392 millones.
De acuerdo con los datos, ninguna de estas empresas fue sancionada por los retrasos ni por la pésima calidad de los trabajos ejecutados. El financiamiento de la carretera estuvo a cargo del Focem.