La Organización de Pasajeros del Área Metropolitana (Opama) compartió ayer en conferencia de prensa más casos llamativos detectados tras analizar datos del billetaje electrónico, obtenidos vía amparo. La información fue proporcionada por el ahora exviceministro de Transporte, Víctor Sánchez, y procesada por 20 ingenieros voluntarios, durante la Semana Santa última, según se reportó.
Mauricio Maluff, el accionante de la orden judicial, señaló que tras cruzar los datos se pudo constatar que, por ejemplo, un bus realizaba validaciones del billetaje electrónico mientras hacía un pequeño recorrido en la ciudad de Itauguá, sin siquiera hacer el itinerario completo ni atravesar el Área Metropolitana.
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De esta manera, surgieron indicios de que las empresas de transporte público habrían cobrado el subsidio por servicios que no fueron prestados e incluso eran validados por el Viceministerio, que consideraba estos buses como activos, dejando en evidencia el nulo control al cumplimiento real del servicio.
Maluff recurrió a la justicia ante la falta de respuesta a su pedido de Acceso a Información Pública (AIP) sobre datos que contiene el Centro de Monitoreo del Billetaje que afecta a todos los vehículos del transporte público en 2022.
Mauricio Benítez, también de la organización, comentó que algunas de las situaciones evidenciadas sólo le demandó minutos de trabajo, mediante sistemas informáticos.
De esta manera, pudieron discriminar a las 50 tarjetas que más validaciones realizaron entre 2022 y lo que va de 2023, y por ello, en el seno del equipo se concluyó que la falta de personal o de software pudieron ser otras de las razones que impidieron al Viceministerio de Transporte concretar auditorías a los informes proporcionados por las empresas operadoras del billetaje electrónico. De todas maneras, era una cuestión de voluntad e interés en controlar, según lo señalado.
Las operadoras del billetaje son TDP SA (tarjeta Más), de Álvaro Wasmosy, y Epas SA, (tarjeta Jaha), de Cetrapam, que tiene 70% del mercado.
Benítez indicó que tras el trabajo realizado, se estimó que más bien existe falta de voluntad y no de capacidad.
En total, detectaron operaciones sospechosas de más de 1.500 viajes de “pasajeros fantasma”, que habían pagado G. 2.381 millones en pasaje. Este monto sería el valor estimativo en subsidio, teniendo en cuenta que el pasajero paga 50% y el resto, es lo que cubre el Estado.
El Viernes Santo último, el exviceministro de Transporte, Víctor Sánchez, reportó a ABC los casos “más llamativos” de validaciones sospechosas, y que presentó a la Fiscalía para que investigue y sancione.
Gremios buscan seguir con subsidios
El Centro de Empresarios del Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam) y la Única Central de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana de Asunción (Ucetrama) emitieron ayer comunicados en los que se pronunciaron “a favor de la transparencia” y la investigación de las validaciones sospechosas. Ambos gremios pretenden que, a pesar del escándalo de los “pasajeros fantasma”, el Estado siga pagando subsidio, aunque piden que lo hagan directamente al pasajero.
Ayer, también hubo denuncias ante el Ministerio Público: candidatos de la Alianza Encuentro Nacional, contra Víctor Sánchez y César Ruiz Díaz, por los cobros indebidos de subsidios; en tanto que el Frente Guazu contra Horacio Cartes, por autocontratarse para encargarse del billetaje electrónico, con la empresa Pronet, que trabaja con la tarjeta Jaha.