La zona “ampliada y mejorada” del espigón norte del aeropuerto Silvio Pettirossi sigue sin habilitarse y las obras que fueron ejecutadas por la empresa Estructura Ingeniería SA (EISA), de Alberto Palumbo, están en deplorables condiciones, según se pudo corroborar en un recorrido de ABC por el lugar.
La Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) había rescindido el contrato con dicha empresa, por serios incumplimientos detectados en la ejecución de la obra y por los excesivos retrasos, por lo que la misma quedó inconclusa. La obra se adjudicó hace más de cuatro años, durante la administración de Edgar Melgarejo.
Según la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), del monto de contrato de G. 19.284.012.969 (incluyendo una adenda de G. 3.190 millones) se ha certificado y pagado por un valor de G. 18.347.408.516, monto que representa el 95,14% del total contratado.
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Pese al pago millonario, este diario pudo verificar que el cielo raso de la zona “mejorada” ya se está cayendo a pedazos y se llenó de humedad, lo que se debería a la filtración de agua de la última lluvia registrada, pues en el piso se observó restos de esas precipitaciones. Además, los baños están en condiciones desastrosas y la suciedad se apoderó del lugar.
En estas condiciones posiblemente siga sin habilitarse en sitio, mientras la terminal aérea sigue colapsada, sobre todo cuando llegan dos vuelos en simultáneo.
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Recuperaron muy poco de las pólizas de Royal Seguros
El titular de la Dinac, Félix Kanazawa, señaló que está en proceso otro contrato para completar los trabajos que faltan, tras la recuperación de la garantías de fiel cumplimiento y del anticipo pagado a EISA.
Según señaló Kanazawa, la aseguradora Royal Seguros, vinculada a Juan Carlos López Moreira, ex jefe de Gabinete del expresidente Horacio Cartes, devolvió solo G. 417.322.485 de las mencionadas garantías.
El jefe de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la Dinac, Fredy Noguera, explicó que el perito de Royal encontró que la empresa EISA supuestamente ejecutó obras que no estaban previstas en su contrato, lo que es algo inusual sin una adenda. Según dijo el funcionario, el costo de estos trabajos, que no se sabe cuáles son, se descontaron de los montos que la aseguradora tenía que devolver.
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Cuando se le consultó respecto al monto de esos trabajos ejecutados y que no estaban en el contrato, Noguera señaló que no los tenía en mente. Asimismo, se le insistió cómo la empresa pudo ejecutar obras que no estaban en su contrato sin la autorización de la Dinac y señaló: “No puedo ahondar esa parte con detalles”.
Nuestro diario quiso conversar con Alberto Palumbo, de modo a derivarle todas estas preguntas para el descargo de la empresa. Pero éste no nos contestó.
Lo cierto es que la habilitación del espigón norte se realizará cuando la Dinac pueda completar los trabajos que faltan y reparar las estructuras que ya fueron dañadas.
Según los datos manejados en el sector, Alberto Palumbo tiene vínculos cercanos con el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, quien incluso en 2019 utilizó la casa de dicho empresario para “esconderse” de los escraches ciudadanos, tras el escándalo del “acta entreguista” de Itaipú en aquel año. Velázquez fue declarado significativamente corrupto por el Gobierno de Estados Unidos.
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Entes corroboraron incumplimientos
Tanto la Dinac, la Contraloría como la DNCP realizaron informes que revelaron varios incumplimientos en la ejecución del contrato del espigón norte del aeropuerto. Por ejemplo, se constató que fueron certificadas obras no realizadas en algunos casos y en otros, obras que no cumplen las cantidades exigidas en el pliego.
También se comprobó un retraso importante en el plazo de ejecución de la obra de 343 días, lo que implicaba una multa a ser aplicada es de G. 6.013 millones a la empresa. Por esta razón, EISA fue sancionada en enero último con una inhabilitación de seis meses para contratar con el Estado, porque actuó de “mala fe”, según DNCP.
Fiscalía investiga
La Dinac realizó el año pasado una denuncia penal ante el Ministerio Público, de forma innominada, para identificar a los responsables de la certificación de las obras no ejecutadas. La investigación está a cargo del fiscal Francisco Manuel Cabrera Sanabria. Además sigue en curso un sumario administrativo contra fiscalizadores de la obra de la institución.