Lo que esta criptominería robaba de energía eléctrica equivale a 2.880 familias que consuman 1.000 kWh cada una al mes, explicó el gerente comercial de la ANDE, Rodys Rolón, para dimensionar con mayor claridad el el daño patrimonial que la estatal.
Es que la ANDE constató el miércoles 22 de marzo del corriente, que en un inmueble rural de la compañía Capi’ibary, de la ciudad de Itakyry, la existencia de una conexión directa sin medidor en Media Tensión. Mediante una orden de allanamiento pudo verificar que se trataba de una granja mineradora de criptomonedas de gran envergadura, compuesta por 19 contenedores, con un consumo equivalente al de una pequeña ciudad, que monetizado implicaba un daño de hasta G. 1.250 millones mensuales.
Según informó la ANDE, en el momento en constataron la irregularidad, su equipo jurídico se trasladó hasta la sede del Ministerio Público en Minga Porã, donde radicó la denuncia por los delitos de sustracción de energía eléctrica y perturbación de servicios públicos, contemplados en los artículos 173 y 218 del Código Penal.
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La institución pidió el allanamiento de la propiedad y el comiso de todos los aparatos con los que robaban energía eléctrica. El trabajo lo hicieron en forma conjunta con la Unidad Penal N°1 del Ministerio Público y la rápida acción del agente fiscal de turno, Edgar Benítez Delgado. Para el allanamiento de la propiedad se constituyó en el inmueble la jueza penal Jorgelina Melgarejo, añadieron.
Allanada la propiedad, verificaron que la sustracción de energía eléctrica alimentaba a una granja mineradora de criptomonedas, de gran envergadura, compuesta por 19 contenedores en los que se encontraban las máquinas mineradoras, que demandan un elevado consumo de energía eléctrica.
Por orden fiscal desmontaron los cables de media tensión que abastecían al local, se incautaron de los trasformadores que sumaban una potencia de 5.000 KVA y de todos los equipos eléctricos que encontraron en el lugar, que quedaron bajo el resguardo del Ministerio Público, en la sede del depósito del Barrio Fátima de Ciudad del Este.
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“No se pudo vincular a ningún NIS por no ser clientes de la ANDE, por consiguiente la labor de identificar a los responsables de este hecho punible queda a cargo del Ministerio Público”, indicaron desde la empresa estatal.
Resaltaron que este tipo de ilícitos perjudica patrimonialmente a la ANDE por un monto equivalente a US$ 2 millones anuales.