La empresa Tape Porã, que administra la ruta PY02 (antes ruta 7) desde Caaguazú hasta Ciudad del Este, negó ayer, en un corto comunicado, los vínculos del expresidente Horacio Cartes con la concesionaria de la carretera, cuyo plazo de concesión se amplió hasta el 2053, sin una licitación, durante el gobierno anterior.
Esto tras la denuncia que presentó el candidato a senador por el Frente Guasu, Ricardo Canese ante la Contraloría General de la República (CGR), en la que se advirtió sobre los vínculos del expresidente Horacio Cartes con Tape Porã, empresa que fue beneficiada durante su gestión como presidente de la República.
“Con respecto a la denuncia presentada ante la Contraloría General de la República (CGR) aclaramos que el expresidente de la República, Horacio Cartes, así como la empresa Jiménez Gaona y Lima SA, nunca tuvieron, ni tienen relación alguna con Tape Porã SA. La empresa se pone a disposición de las autoridades para facilitar información sobre el tema”, informó el grupo en un escrito.
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Sin embargo, no dio ninguna explicación sobre la denuncia de Canese, respecto a que el accionista mayoritario de Tape Porã, la empresa Conempa SA (con el 50% de las acciones), tiene como asociada a Jiménez Gaona y Lima, empresa que Cartes adquirió en 2020 de la familia del ex ministro del MOPC, Ramón Jiménez Gaona, y que hace poco cedió a sus hijos tras ser declarado “significativamente corrupto” por el Gobierno de los Estados Unidos.
Intentamos hablar al respecto con Néstor Filártiga, director ejecutivo de Tape Porã, quien nos señaló que no estaba autorizado a hablar del tema.
Vinculos de Conempa y Jiménez Gaona y Lima
Canese insistió ayer en que Conempa SA, accionista mayoritario de Tape Porã, tiene como asociada a la firma Jiménez Gaona y Lima desde su creación, compañía hace poco Cartes cedió a sus herederos. Según los registros, el padre del extitular del MOPC, el ingeniero Ramón Jiménez Gaona, sigue figurando como presidente de Conempa hasta la fecha.
“El verdadero accionista de Jiménez Gaona y Lima SA y consiguientemente de Tape Porã, era Horacio Cartes”, expresó Canese y resaltó que “por haber sido declarado significativamente corrupto por el gobierno de los EE.UU. de América y al haberse bloqueado sus cuentas, transfirió apresuradamente sus acciones a parientes y testaferros de todo tipo”.
Resaltó que Jiménez Gaona y Lima fue una de las cinco empresas que integró Conempa cuando se constituyó el grupo para la construcción de Itaipú.
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Aseveró que, en particular, las acciones del exmandatario en Jiménez Gaona y Lima SA las transfirió a sus hijos, según informan las agencias de noticias, “hecho que permitió saber que era dueño de acciones en la citada empresa y, consiguientemente, en Tape Porã”.
Resaltó que la Contraloría debe investigar los hechos que involucran al ex-presidente Cartes y al exministro de Obras Públicas y Comunicaciones durante su gobierno, Ramón Jiménez Gaona.
Concesión debe ser cancelada
Canese resaltó que la “ilegal concesión” de la ruta PY02 debe ser cancelada, pues en dicha carretera hoy se está cobrando peajes exorbitantes de G. 17.000 a los usuarios, en cada puesto de peaje para vehículos livianos y mucho más para vehículos pesados. Esto mientras que el MOPC cobra tan sólo G. 5.000 en sus puestos de peaje para el mismo tipo de vehículos.
“Debería haber sido el MOPC el que administra Tape Porã desde el 2023, es decir desde ahora” expresó y enfatizó que la “concesionaria abusa a través de un contrato enteramente ilegal y “casualmente” con peajes y tarifas siderales”.
Antecedentes de la concesión
El 2 de junio del 2016 tuvo sanción ficta el proyecto de ley que prorrogaba la concesión de la ruta 7 (hoy ruta PY02), tras aprobarse la normativa en la Cámara de Diputados. La sanción ficta se consiguió gracias a la ausencia de 27 senadores (13 colorados; 11 liberales; dos oviedistas; y uno de Avanza País).
Unos días después, también en junio del 2016, el entonces presidente Horacio Cartes promulgó la ley sancionada y el nuevo plazo de la concesión de la carretera fue de 30 años más, a partir del 2023.