Ejecutivo promulgará el presupuesto 2023 con los aumentos incluidos por el Congreso

El Poder Ejecutivo promulgará la Ley N° 7050 de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2023 y a través del decreto reglamentario buscará mitigar el impacto de los aumentos salariales y de los nuevos cargos. Todo apunta a que la decisión de no aplicar un veto parcial se debería más bien a las próximas elecciones generales.

El ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, anunció ayer en Palacio que el presupuesto será promulgado. Lo acompaña el viceministro de Administración Financiera, Marco Elizeche.Edgardo Romero
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El ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, anunció ayer en Palacio de Gobierno que recomendaron al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, la promulgación de la ley de presupuesto tal como fue sancionada por el Congreso.

Llamosas argumentó que la ley tiene un artículo que permitirá a la cartera regular la aplicación de los aumentos y los nuevos cargos, conforme a disponibilidad de los recursos y con esto se apunta reducir el impacto en las finanzas públicas entre un 50% a 75%.

El artículo de referencia es el 294, que dispone lo siguiente: “Autorizase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a realizar los procesos correspondientes para la incorporación gradual de los nuevos cargos incorporados en el Anexo del Personal, así como los reajustes salariales, en coordinación con los respectivos Organismos y Entidades del Estado (OEE), incluidas las recategorizaciones autorizadas en los artículos 280 y 302 de la presente ley”.

En principio, se habló de la posibilidad de un veto parcial del artículo 280, que establece los “Fondos de Recategorización Salarial” para diversos sectores y prevé, entre otros, la implementación gradual de la carrera profesional del personal de enfermería, la nivelación salarial para el personal sanitario categoría “S”, la implementación del segundo año de la nivelación salarial de los docentes de aula y de gestión académica de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

También contempla la aplicación del sistema escalafonario para el profesional médico y aplicación e implementación gradual del sistema escalafonario para el funcionario administrativo del Ministerio de Salud, entre otros beneficios.

El artículo 302, por su parte, autoriza al Ministerio de Salud Pública a establecer un nuevo piso salarial para el funcionario permanente y personal contratado, elevando un promedio de G. 400.000 para los distintos grupos ocupacionales.

Descartaron el veto total y parcial al PGN 2023

El ministro de Hacienda afirmó que el veto parcial no iba a eliminar los incrementos otorgados por el Parlamento y que esta opción, si es aplicada a algunos artículos, también afectaría a aquellos propuestos por el Ejecutivo, como por ejemplo la creación de un fondo para dar continuidad a la ley de la carrera de enfermería. “Es decir, no podíamos vetar parcialmente solo aquellos artículos agregados por el Congreso sin afectar las propuestas del Ejecutivo”, aseguró.

Dijo que a través del decreto que reglamentará el presupuesto se estarían limitando los incrementos salariales o gastos personales, mediante la implementación gradual de la entrada en vigencia. Por citar como ejemplo, aquellos que la ley dispone que se aplique desde julio, pasarían a los siguientes meses cuando se tenga disponibilidad de recursos.

Llamosas adelantó que el presidente Abdo Benítez promulgará la ley de presupuesto y que Hacienda se abocará a la preparación del referido decreto reglamentario para su puesta en vigencia.

No lo dijo el ministro, pero la no aplicación del veto parcial a los aumentos salariales para los funcionarios obedecería, principalmente, a las próximas elecciones generales del mes de abril, en las que estarán en juego los votos del sector público, más aún teniendo en cuenta que está en proceso de consolidación en el Partido Colorado la unidad y el “pacto cicatriz”.

Los números del presupuesto 2023

La Ley N° 7050 que aprueba el PGN 2023 sancionado por el Congreso asciende a más de G. 105,3 billones (US$ 14.844 millones al cambio presupuestado).

Las autoridades de Hacienda habían cuestionado que los parlamentarios hayan aumentado el presupuesto en G. 214.000 millones (US$ 30 millones), con respecto al proyecto que había presentado el Poder Ejecutivo.

Además, que los servicios personales fueron incrementados en G. 351.000 millones (US$ 50 millones) con la aprobación de nivelaciones salariales, aumentos salariales y más bonificación en algunos sectores (UNA, Ministerio de Salud Pública, Mades, Corte Suprema de Justicia, Contraloría, Fiscalía, entre otros).

Igualmente criticaron la creación de 1.340 nuevos cargos, que hayan realizado reprogramaciones de gastos por valor de G. 167.000 millones (US$ 23,5 millones) y aumentado artificialmente la estimación del ingreso por G. 184.000 millones (US$ 25,9 millones), destinado principalmente a sostener gastos rígidos.

Hacienda había señalado que los legisladores recortaron inversiones que se financian con deudas, principalmente en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), para financiar gastos corrientes en el Ministerio de Salud. Para financiar estos gastos y otros establecidos, el Congreso aumentó la emisión de bonos del Tesoro en US$ 17 millones, lo que lleva el total a US$ 565 millones.

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