Los 2.900 nuevos cargos y los aumentos salariales en diversos sectores, así como el pago de bonificaciones y otros beneficios que fueron incluidos por el Senado, quedarían confirmados en la sesión extraordinaria que se llevará a cabo en la fecha desde las 9:00 horas.
La Cámara Alta tratará por segunda vez el PGN 2023, luego de que la Cámara de Diputados se ratificara el pasado lunes 5 en su versión aprobada en la sesión del jueves 10 de noviembre.
El monto ratificado por los diputados asciende a unos G. 105,3 billones (US$ 14.840 millones) e incorpora el aumento salarial para el personal de Salud Pública, que fue incluido por Senadores en su sesión del martes 29 de noviembre.
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Presupuesto versión Senado conlleve alto gasto rígido
El proyecto aprobado por los senadores en dicha ocasión, asciende a más de G. 105,3 billones (US$ 14.844 millones) y, aunque es levemente superior a lo que había planteado el Ejecutivo de G. 105,2 billones (US$ 14.818 millones), conlleva un alto componente de gastos rígidos.
Los senadores no solo ampliaron la creación de cargos a 2.900 en total (1.400 nuevos cargos y 1.500 para nombramientos de contratados como funcionarios permanentes), sino también aumentos salariales para el personal de salud, del Congreso, el pago de mayores bonificaciones y otros beneficios, así como el incremento sin sustento real de los ingresos para calzar la diferencia.
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Las versiones manejadas por los senadores coinciden en que en esta última etapa del estudio del PGN 2023, sancionarán el proyecto que habían aprobado inicialmente, más aún teniendo en cuenta que se está a días de las elecciones internas partidarias (domingo 18).
El plan de gasto que sería ratificado por el Senado genera una mayor preocupación en las autoridades del Ministerio de Hacienda, por el aumento del gasto rígido y el fuerte impacto que tendrá en las finanzas públicas, principalmente en 2024.
A criterio de las autoridades de la cartera económica, se pone en riesgo el cumplimiento del plan de convergencia fiscal que prevé para 2024 volver al tope de déficit de 1,5% del PIB, como lo establece la Ley de Responsabilidad Fiscal, y como medida para ir reduciendo el nivel de endeudamiento público.