Los legisladores de la Cámara de Senadores aprobaron por mayoría de votos la inclusión del referido artículo y rechazaron posteriormente una eventual reconsideración del tema para dejar sin efecto, planteado por el senador Stephan Rasmussen (PQ).
La propuesta de incluir el artículo ya viene de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, atendiendo que el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2023 presentado por el Ejecutivo, no contemplaba esta medida.
La Ley N° 1626/2000 de la Función Pública dispone, entre otros puntos, que el sistema de selección para el ingreso y promoción en la función pública será el de concurso público de oposición.
En tanto, la Ley N° 6622/2020 de racionalización del gasto público, entre otros, prohíbe designar a un pariente dentro del cuarto grado consanguineidad y segundo de afinidad, excepto a través de concursos públicos de oposición; así también limita la incorporación de hasta tres asesores, que cesarán en sus funciones una vez que la autoridad que los incorporó cesa en sus funciones.
La disposición incluida permitirá que las entidades podrán realizar los nombramientos y contrataciones sin mayores controles, en un año electoral.
Ampliación luego de elecciones
Por otro lado, durante la sesión extraordinaria los senadores también se comprometieron a acompañar el próximo año las ampliaciones presupuestarias que sean necesarias, cuando sean reelectos y vuelvan en julio a ocupar una banca en la cámara.
Así lo señaló el senador Miguel Fulgencio Rodríguez (FG), ante el pedido realizado por su colega Silvio Ovelar (ANR) para incluir G. 56.000 millones para las obras de la mejora de la ruta de Coronel Oviedo.
Lea más: PGN 2023: diputados en campaña electoral reparten sueldos, bonificaciones y cargos
Rodríguez le indicó a su colega que de aprobarse el pedido que realiza se elevará el tope de déficit del 2,3% del PIB, planteado por el Ministerio de Hacienda.
El proyecto de referencia indicado por Ovelar tiene asignado en el presupuesto G. 14.000 millones, que dijeron servirá para llamar a licitación e iniciar la construcción, a lo que el legislador le quiso sumar otros G. 42.000 millones para asegurar su culminación.