Contratista del megapuente a Chaco’i intimó al MOPC para pago de deudas

El Consorcio Unión remitió una nota al MOPC en la que le intima para que le pague deudas por nueve certificados de avance de la obra. El grupo paralizará la construcción en diciembre si la cartera de Obras públicas no realiza los desembolsos pendientes, que hasta este mes llegaba ya a casi US$ 42 millones. Pudimos comprobar que hay ya una ralentización del ritmo de los trabajos.

Hace unas semanas colocaron el primer atirantado del puente a Chaco’i, pero ahora hay incertidumbres por la falta de pagos.Diego Peralbo
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El Consorcio Unión, integrado por las empresas paraguayas CDD Construcciones y Constructora Heisecke (César Delgado y José Luis Heisecke), contratista del puente que unirá Asunción con Chaco’i, remitió una nota al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), en la que le intima para que le pague la millonaria sumo correspondiente a nueve certificados de avance de las obras (de enero a setiembre de este año).

El escrito, con fecha del 14 de noviembre último, tiene la firma de César Delgado, uno de los representantes del consorcio y señala “las dificultades e inconvenientes que se están generando debido a la falta de pago de los certificados de obra y sus correspondientes facturas en mora”.

“Este excesivo atraso genera costos financieros sobre el capital adeudado, cuya reserva de cobro lo realizamos en esta oportunidad, de conformidad a lo previsto por el artículo 574 y concordantes del Código Civil, así como dificultades para la ejecución de los trabajos contratados”, se lee en el escrito al que accedimos a través de fuentes del MOPC.

Pocos obreros estaban trabajando el viernes pasado en los viaductos de acceso al puente, algo inusual.

Advierten suspensión de obra y piden ajustes del cronograma

El Consorcio Unión también resaltó en el escrito que ya había presentado otra nota a la institución, el 6 de septiembre de 2022, con MEU 40537/2022, por medio de la cual solicitó el pago de los certificados de obra, “obteniendo una respuesta parcial e insuficiente sobre lo peticionado, por lo que el incumplimiento y mora persiste con las consecuencias contractuales aplicables”.

En este sentido, también advirtió que tanto el contrato firmado como la ley 2051 de Contrataciones Públicas establece que la contratista puede suspender los trabajos “en caso de que la contratante incurra en una mora en el pago superior a sesenta días” y que “el contratista podrá intimar al contratante para que cancele el pago adeudado”.

“Igualmente, las circunstancias de la excesiva mora indicada, ha impactado de manera drástica contra el avance de los trabajos, por lo que resulta necesario realizar ajustes al cronograma de obra, de modo que refleje esta situación, ajena a la responsabilidad del contratista. En tal sentido, requerimos de la contratante el pedido de presentación del nuevo cronograma de obras y plazos que deberán ser ajustados, a los efectos de evitar mayores perjuicios a la contratista, por causas que escapan a su responsabilidad, previsión y control”, resaltó.

El tránsito de la Costanera de Asunción pasa en medio de la zona de obras.

Deuda ya llegó a US$ 42 millones

Este diario realizó un recorrido por la zona de obras el viernes último y pudo corroborar que hay una ralentización de las tareas, respecto al ritmo de ejecución de meses anteriores, justamente en un momento clave, con el inicio de la construcción del puente atirantado propiamente.

Según la contratista, la deuda por la obra hasta noviembre ya llegó a G. 298.000 millones (US$ 41,9 millones) y que si no cobran en diciembre los trabajos van a parar. “Trabajaremos hasta el 22 de diciembre y los trabajadores irán de vacaciones 15 días desde esa fecha. Si no nos pagan, los obreros ya no regresarán”, informó una fuente del Consorcio.

El viernes último hubo poco movimiento en la zona de obras.

Capaco culpa a Hacienda

El titular de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), Daniel Díaz de Vivar, señaló que el retraso en los pagos, que está afectando a varias obras, es por culpa del Ministerio de Hacienda, que no libera los recursos de los créditos programáticos de BID y CAF, por US$ 240 millones, que fueron aprobados para las deudas. “Nada se pagó, casi, es una vergüenza. Hacienda juega con los contratistas, es sumamente grave la situación del sector porque nosotros también debemos a miles de proveedores”, expresó.

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