A través de una nota remitida a ABC, el legislador liberal sostiene que las comisiones vecinales que reciben recursos públicos, sobre todo de un municipio y de origen royalties para la construcción de empedrados, plazas y de sistemas de agua potable (pozo, bomba, tanque y cañerías), rinden cuentas normalmente por disposiciones de éstos.
En tanto, los municipios rinden cuentas normalmente por disposiciones vigentes de la Contraloría General de la República, Contraloría del Poder Ejecutivo y el Ministerio de Hacienda en forma cuatrimestral, pero con los requisitos vigentes hasta el año 2021, indica en su nota.
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En ese contexto, citó que los requisitos para que las comisiones reciban aportes son los siguientes: nota dirigida al intendente, fotocopia de cédula del presidente, secretario y tesorero (autenticado por escribanía o secretaría general); fotocopia de resolución (autenticada por escribanía o secretaría general).
Además, antecedente policial y judicial (presidente y tesorero) originales; constancia de inscripción en la abogacía del Tesoro (Gobernación), Registro Único de Contribuyentes (RUC), constancia de RUC, certificado de cumplimiento tributario y tres ofertas.
Requisitos establecidos en PGN 2022
Oreggioni señala, sin embargo, que en el marco de la Ley 6873/2022 de presupuesto general de la Nación, en su artículo 7° y sobre todo en su Decreto Reglamentario N° 6581/2022 para acceder a aportes económicos, agrega más requisitos de imposible cumplimiento para estas comisiones vecinales.
Al respecto, menciona como requisitos: constancia de registro, autorización de funcionamiento y resolución de registro vigente o en su defecto, constancia provisoria de funcionamiento, emitida por la dirección de entidades de bien social dependiente del Instituto de Bienestar del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
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También constancia de inscripción en el registro de sujetos obligados de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Resolución Seprelad N° 218/11); certificado original y vigente de la cuenta bancaria, cuenta corriente o caja de ahorro, a nombre de la ONG, habilitada en el banco de plaza con los 16 dígitos exigidos por el Sipap.
Igualmente, constancia de inscripción en el IDAP-Identificador de Acreedor Presupuestario, dicha inscripción deberá solicitarse en la Dirección General de Contabilidad Pública; declaración jurada protocolizada por escribano público del representante legal de la entidad beneficiaria, de no recibir aportes de otro municipio; y el registro de firma original y actualizada del presidente, tesorero y contador.
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El legislador señala en su nota que con estos nuevos requisitos en el aspecto administrativo se han observado diferentes dificultades en cuanto a la gestión y aplicación a las nuevas exigencias, resultando prácticamente imposible gestionar en el tiempo ordinario de reconocimiento de las comisiones (tienen 2 años de vigencia las comisiones), así como la dificultad que tienen por los altos costos de gestión, siendo la mayoría de ellos en la capital del país.
Añade, que es por ello que las comisiones vecinales no tienen las posibilidades económicas de gestión para el cumplimiento de estos requisitos, ya que las mismas agrupaciones, sus dirigentes realizan las gestiones ad honorem y con esto se pierde un importante aliado o brazo ejecutor de la acción municipal de cualquier distrito del país.
PGN 2023 aprobado por Diputados
Finalmente, expresa que sin ningún interés o ánimo de descuidar aspecto de uso de dinero público, se solicitaron replantear y excluir de los nuevos requisitos a las comisiones vecinales de la ley de presupuesto general de la Nación 2023 y sobre todo en el artículo 7° y su decreto reglamentario en el mismo artículo 7°.
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La versión de Oreggioni guarda relación con la decisión aprobada por la Cámara de Diputados, que en su sesión extraordinaria del jueves 10 del corriente, durante el estudio del proyecto de presupuesto 2023, decidieron excluir a las comisiones vecinales de cumplir con los requisitos de rendición de cuentas y de la presentación de informes de gestión establecidos en el artículo 7°.
El parlamentario propuso esta medida y fue aprobada, quedando los requisitos para las organizaciones no gubernamentales (ONG), asociaciones, fundaciones, instituciones, u otras personas jurídicas privadas sin fines de lucro o con fines de bien social, que reciban, administren o inviertan fondos públicos en concepto de transferencias recibidas de los organismos y entidades del Estado (OEE) y de los gobiernos municipales.