El Consorcio CTC, integrado por Construpar SA, Tocsa SA, Tecnoedil SA y Concret Mix SA, remitió el viernes 11 de este mes una nota al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), en la que le intima a pagar los certificados pendientes en el marco de la obra de construcción de la franja costera de Pilar (Ñeembucú).
El Ing. Guillermo Mas, uno de los representantes del grupo, informó que se trata de una intimación a la institución para el pago de una deuda de uno G. 225.000 millones (US$ 31,7 millones), el paso previo para la suspensión de los trabajos si los desembolsos pendientes no se realizan.
“En caso de no cobrar, nos veremos obligados a la suspensión temporal de los trabajos. Esto según la cláusula 56 de nuestro contrato, inciso c. Nos deben aproximadamente, G. 225.000 millones, desde diciembre del año pasado. En este momento tenemos que pagar por las bombas y las compuertas que son un vagón de dinero”, manifestó Mas.
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Asimismo señaló que la obra registra un avance del 80% y que los pagos pendientes dependen del Ministerio de Hacienda.
A su turno, el ministro de Obras, Rodolfo Segovia, señaló que por la franja costera de Pilar pagarán G. 70.568 millones del crédito programático de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina), que aprobaron recientemente en el Congreso y que ya fueron procesados en su totalidad. Según el titular del MOPC, la deuda a la fecha es de aproximadamente G. 160.000 millones “fuera de los reajustes”.
Franja costera de Pilar: Quieren “ceder la deuda” a bancos privados
Segovia señaló que el monto contractual de la obra es de G. 532.619 millones, de los cuáles ya se ejecutaron G. 323.737 millones, por lo que el saldo contractual es de G. 216.190 millones. Cuando se le insistió cómo pagarán los saldos pendientes, indicó que “se puede procesar nuevamente el mecanismo de la “cesión del pago” a la banca privada, una modalidad con la que el MOPC está adeudando millones de guaraníes a diferentes entidades.
Esta “cesión” se realiza en el marco de la ley 2051 de Contrataciones Públicas, que permite que los compromisos de la instituciones públicas puedan cederse a los bancos privados, previa autorización del contratante. Este Gobierno viene aplicando este sistema para no parar las obras, generando millonarias deudas al Estado.
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El Consorcio CTC está a cargo de la “Fase A” de la franja Costera de Pilar, que consiste en la construcción de la defensa costera, estaciones de bombeo con reservorios, canal de desvío del Arroyo San Lorenzo, canales de desagüe pluvial de la terminal, operación y mantenimiento de todo el sistema por tres años.
Ya en 2019 se había aprobado un crédito programático del BID, de US$ 300 millones, que debía financiar la franja costera de Pilar y el puente Chaco’i, pero estos recursos, al ser de “libre disponibilidad”, fueron utilizados totalmente en otras obras.
Sobrecosto de US$ 16 millones
La “fase A” de de la franja costera de Pilar fue adjudicado al Consorcio CTC, integrado por las firmas Construpar SA, Tocsa SA, Tecnoedil SA y Concret Mix SA, por G. 532.619 millones, pero terminará costando G. 638.667 millones (US$ 96,5 millones), es decir; tendrá un sobrecosto del 20% (US$ 16 millones más). Este variación fue autorizada por el extitular del MOPC Arnoldo Wiens. El contrato se firmó el 17 de febrero de 2020.