Jorge Samaniego, presidente de la Cámara Industrial Paraguaya de Motocicletas y Automotores (Cipama), opinó a título personal referente a la condena impuesta por el juez Wilfrido Peralta contra Natalia Zuccolillo y Juan Carlos Lezcano, directora y periodista de ABC Color, respectivamente, en el marco de un juicio promovido por la exviceministra cartista de Tributación, Marta González Ayala.
Cabe recordar que el proceso se dio por una serie de denuncias sobre el manejo discrecional de su administración y en particular, referente a la adjudicación de un contrato por parte de la exviceministra para actualización del sistema Marangatu por más de US$ 3 millones al Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), un organismo del que ella misma era directiva.
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Samaniego apuntó al respecto sobre la falta de una competencia real en este tipo de llamados, la importancia de la libre participación y concurrencia en las compras públicas, de modo a que el Estado haga una compra eficiente y conveniente. “Lo más gris o poco accesible son las compras públicas. Según mi criterio, las licitaciones se encaminan hacia un proveedor cierto y conocido, dándole especificaciones técnicas que orientan dichas contrataciones públicas”, expresó.
Mencionó que en su experiencia, ser proveedor estatal es un “calvario grande” . “El Estado nunca permitió que Reimpex pueda participar, pues las autoridades ya elijen a sus proveedores, y excluyen a empresas que pueden ser muy competitivas y que necesariamente deben ser apoyadas con políticas de Estado para promover la economía del país”, dijo.
Libertad de prensa, garantía para seguridad jurídica
El empresario recalcó que la libertad de prensa va de la mano con la seguridad jurídica, pues “si la prensa no nos cuenta lo que está pasando, jamás sabríamos lo que el Estado hace”, puntualizó.
“Al atacar a la prensa, ya le da cabida a manejos que a veces son oscuras actuaciones del Estado, sea cual sea la instancia publica. Con esto tenemos lo opuesto a lo que deseamos los empresarios, que es la previsibilidad y seguridad jurídica, sin relacionar ni comentarios al caso especifico a la condena de ABC”, describió.
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Relató que en los últimos años, en el Paraguay no existe seguridad jurídica y que la ciudadanía expuesta a los caprichos de los que tienen acceso al poder y a la decisión judicial. “Esperamos que más temprano que tarde llegue el anhelado cambio desde arriba para abajo, desde la Corte Suprema Justicia hasta los funcionarios de menor rango. Realmente el Poder Judicial no nos da ninguna seguridad en nada”, afirmó.
Estimó que el país está “lejos de una justicia pronta y barata”. “Un abogado con contactos es ’superior’ a uno decente. Lo que vale son los contactos”, lamentó.
Añadió que muchos auxiliares de la justicia están más con apetito de ayuda a amigos que de cumplir con su objetivo de aplicar justicia. “Hay pocas personas que están haciendo una brillante carrera pero son la excepciones y no la regla”, finalizó.