En la sesión ordinaria llevada a cabo ayer, varios diputados pidieron una explicación del porqué el proyecto de presupuesto 2023 remitido al Senado no incluye lo que se había aprobado en la sesión extraordinaria del jueves 10, como el aumento salarial para personal de blanco del Ministerio de Salud Pública y los fondos para Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Codeni).
El presidente de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso y titular de la Comisión de Presupuesto de Diputados, Arnaldo Samaniego (ANR-oficialista), dijo que en la sesión extraordinaria se propuso la suba salarial, pero no de dónde saldrían los US$ 50 millones que se necesitan para financiarlo, por lo que la moción no se llevó a votación.
Detalló que solo en el Ministerio de Salud, sin contar el Hospital de Clínicas y otras instituciones, existen 23.000 funcionarios permanentes y 26.000 contratados, por lo que de otorgarse el incremento de G. 500.000 a cada uno, costará unos US$ 45 millones, para lo que no existe financiamiento si se pretende respetar el tope del déficit fiscal de 2,3% del PIB.
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Samaniego propuso a la plenaria, a modo de salvar la situación, un proyecto de declaración en donde se insta al Senado a incluir un artículo nuevo dentro del proyecto de PGN 2023: “Si al cierre del primer semestre 2023 los ingresos tributarios recaudados superan el 9% con relación al año anterior, se autoriza al Poder Ejecutivo a ampliar los ingresos y gastos dentro del presupuesto del Ministerio de Salud para financiar un aumento salarial para el personal permanente y contratado de blanco hasta G. 500.000 por cada vínculo y será aplicado a partir de julio de 2023. De igual manera, también G. 14.000 millones para el Ministerio de la Niñez y de la Adolescencia a ser destinados al fortalecimiento de las Codenis”, indicó.
Cartistas dicen que se aprobó el incremento
El diputado Néstor Ferrer (ANR-cartista) fue el primero en reclamar sobre el tema, indicando que durante el estudio del presupuesto 2023 propuso un aumento salarial de G. 500.000 para todo el personal de blanco, pero no fue incluido en el proyecto remitido a la Cámara Alta para su tratamiento.
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El diputado Raúl Latorre (ANR-cartista) dijo que Ferrer planteó el aumento y no hubo ninguna moción contraria ni oposición. En ese mismo sentido se expresó Basilio “Bachi” Núñez (ANR-cartista), mientras que su colega Edgar Acosta (PLRA) se manifestó en contra y señaló que no corresponde instar al Senado a que incluya ningún incremento salarial.
La diputada Norma Camacho (PEN), por su parte, defendió los fondos adicionales para el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia a ser destinados al fortalecimiento de las Codenis.
Insistió en que consta la votación y que fue aprobada su moción, por lo que aseguró que corresponde enviar una nota al Senado diciendo que por una omisión involuntaria no se incluyó en el proyecto de presupuesto.
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Tras el retiro de los cartistas de la sesión ordinaria de ayer, supuestamente como medida de protesta, no se llegó a ningún acuerdo sobre el punto y todo quedó como el inicio.
La sesión extraordinaria del jueves 10, ocasión en que se dio media sanción al PGN 2023, los diputados de los diferentes partidos políticos hicieron sus campañas mirando las internas partidarias del 18 de diciembre y las elecciones generales del 30 abril del año venidero, creando cargos y aprobando aumento salarial para conseguir los votos del sector público.
Entre las propuestas mencionadas en aquel entonces, por lo menos lo que se entendió de la confusa sesión desarrollada, era que el diputado Ferrer mocionó una suba salarial de G. 500.000 para enfermeras de Salud Pública. Sin embargo, ayer se mencionó que el aumento era para todo el personal de blanco.