El presidente de la referida comisión bicameral, diputado Arnaldo Samaniego (ANR), expuso ayer en conferencia de prensa un resumen de las modificaciones recomendadas en el dictamen sobre el PGN 2023, elevado a consideración de la Cámara de Diputados para su estudio.
Samaniego señaló que la bicameral recibió pedidos adicionales de diferentes entidades por un monto total de US$ 450 millones, que de aprobarse haría que el déficit fiscal aumente a 3,2%, lo que consideró inviable.
Destacó que se respetó el tope de déficit planteado por el Ejecutivo, de 2,3% del PIB, y que dentro de ese marco se creó un fondo por US$ 50 millones y se realizó reasignaciones presupuestarias para atender algunas necesidades.
Explicó que el fondo se constituyó con el cambio de fuente de financiamiento de proyectos de inversión del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), disminución de créditos presupuestarios dentro del Ministerio de Hacienda, cambio de fuente de financiamiento de subsidio al transporte público.
También con el 3,5% de los recursos del Fonacide correspondientes a la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) y que se destina al Ministerio de Salud Pública, y el aumento de las transferencias de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) al Tesoro Público.
Se reasignaron fondos a varios entes
Las reasignaciones favorecieron a numerosas instituciones e incluyen, además de inversiones, compra de equipos, mantenimiento y otros gastos de capital, servicios personales que harán más rígido el gasto público el próximo año.
A modo de ejemplo, se prevé fondos para lo que denominan “equiparación salarial” y “nivelación salarial”, lo que en la práctica no es otra cosa que un aumento de sueldo para un determinado grupo de funcionarios; así como pago de bonificaciones, gratificaciones, jornales, seguro médico, numerosas creaciones de cargos, aunque la cantidad total no se dio a conocer.
Los mayores beneficiarios de las asignaciones son la Corte Suprema de Justicia, con G. 50.000 millones para inversión en infraestructura, seguro médico, bonificaciones, creaciones de cargos de juzgados creados por ley; le sigue el Ministerio Público con G. 34.000 millones, destinados a servicios personales, la creación de 130 cargos para refuerzo de unidades fiscales existentes, bonificaciones, subsidio familiar, gratificaciones, jornales y otros.
El Ministerio de la Defensa Pública recibió G. 13.000 millones para adquisición de equipos de computación, creación de 8 unidades de defensoría y nivelación salarial de dactilógrafos a sus pares de la Corte Suprema de Justicia.
Además, a la Universidad Nacional de Asunción (UNA) se le reasignó G. 50.000 millones para atender el crecimiento vegetativo, efecto año completo de la creación de cargos, subsidio familiar, nivelación salarial para docentes y otros; en tanto que las universidades nacionales del interior recibieron G. 5.000 millones cada una para atender el crecimiento vegetativo, gastos operativos e inversión.
Se suman a la lista instituciones como el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Salud-Senasa, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Agricultura y Ganaderías, Senadis, Senabico, el Tribunal Superior de Justicia Electoral, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el Consejo de la Magistratura, Secretaría Nacional de Cultura, la Orquesta Sinfónica Nacional, entre otros.
El diputado Samaniego aseguró que el gasto salarial no crece con estas modificaciones aprobadas, que todas las reasignaciones se hicieron dentro de lo que técnicamente en el presupuesto se denomina grupo 100 (salario, bonificaciones, remuneraciones extraordinarias y otros beneficios personales).
Al respecto, indicó que para las nivelaciones salariales se recortaron cargos vacantes y en el caso de la equiparación salarial, obedece a jefes o directores que no reciben el salario correspondiente al cargo y que esto se hizo en instituciones donde tenían saldo presupuestario.
Diputados trataría el jueves 10
Samaniego adelantó ayer que estiman que el jueves 10 del presente mes la Cámara de Diputados tratará en sesión extraordinaria el proyecto de ley de presupuesto 2023, presentado por el Poder Ejecutivo.
La comisión bicameral recomendó el último lunes la aprobación del proyecto con la introducción de las modificaciones detalladas, dictamen que antes de su estudio en la plenaria de la cámara deberá pasar primero por la Comisión de Presupuesto de Diputados, que también lo preside Samaniego. En principio, el gasto total asciende a más de US$ 14.792 millones con la ampliación del déficit fiscal de 1,5% a 2,3% del PIB.