En la antesala del año asignado para la revisión del Anexo C, Escauriza señaló sobre el acuerdo Lugo-Lula, del 25 de julio de 2009, que este no es más que la reivindicación de los derechos que el Paraguay tiene en el Tratado de Itaipú y en sus Anexos.
Destacó que para poder ejercer nuestro derecho soberano y tener un ingreso de US$ 2500 millones al año, Paraguay debe contratar el 50% de la potencia instalada en Itaipú. “El acuerdo Lugo-Lula lo que hizo fue ratificar el derecho que tiene el Estado paraguayo de poder contratar el 50% de la potencia instalada y señalar empresa paraguaya o brasilera para poder comercializar a justo precio nuestra energía”, explicó.
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Acerca de la interpretación del Tratado por parte del actual gobierno, dijo que este es evidentemente “con mala fe”. “Porque el presidente Mario Abdo Benítez tiene lectura comprensiva, me consta porque en algún momento su equipo me llamó para consultar sobre Yacyretá”, añadió.
Sin embargo, expresó que el presidente quiere diluir su responsabilidad en este tema al decir que su asesor es el presidente de la ANDE. “El presidente de la ANDE interpreta con mala fe, en perjuicio del Estado paraguayo, porque no se puede decir que Eletrobras tiene derecho a confiscar nuestra energía”, cuestionó.
Advirtió que la postura del próximo gobierno y la ciudadanía debe ser impedir que se impulse una modificación del Tratado y del Anexo C, porque cualquier modificación será peor al tratado que hoy tenemos y al Anexo C vigente.