La Seprelad presentó este martes el impacto de los resultados de la evaluación mutua del Paraguay por el Gafilat y el plan de acción a ejecutar tras identificar las medidas consideradas claves que surgieron durante el examen, entre los cuales se encuentra fortalecer el Ministerio Público para que investigue hechos más complejos, endurecer las sanciones y llevar a cabo los comisos.
El informe fue expuesto por el ministro René Fernández durante un acto llevado a cabo en el aula magna del Instituto del Banco Central del Paraguay (BCP), del cual participaron autoridades nacionales, representantes de diversas instituciones públicas, de organismos internacionales, del sector privado y de las cooperativas, entre otros.
La agenda tenía prevista la presencia del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, pero se excusó de asistir y en su representación estuvo el secretario general de la Presidencia, Hernán Huttemann.
También participaron el presidente del BCP, José Cantero; el miembro titular del directorio del BCP, Fernando Filártiga, quien habló del tema; el presidente del Consejo de la Magistratura, Óscar Paciello; el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y el ministro de la Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión al Contrabando (UIC), Emilio Fuster.
Evaluación técnica se cumplió en un 93%
El titular de la Seprelad destacó que se cumplió en un 93% con la evaluación técnica de Gafilat en este periodo 2018-2022, que Paraguay es el segundo país de la región con mejor calificación en este aspecto después de Uruguay y que es considerado país cooperante en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Contrariamente, agregó, en el periodo 2008-2017 se registró un 65% de no cumplido.
Los técnicos de Seprelad explicaron luego que la hoja de ruta a seguir tras la evaluación está establecida en cinco ejes principales: coordinación, prevención, identificación y detección, investigación y procesamiento, comiso y administración de bienes.
En lo que respecta a la coordinación, dijeron que se trata del trabajo conjunto, organizado, tendiente a lograr el cumplimento de las acciones recomendadas; que la prevención involucra acciones de mitigación de riesgos basados en la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR); la identificación y detección es mejorar la capacidad de las agencias del orden público en la identificación temprana de alertas.
Igualmente, la investigación y procesamiento busca el fortalecimiento de la persecución y sanción de lavado de activo y la aplicación de sanciones eficientes; en tanto que el comiso y administración de bienes busca fortalecer las acciones tendientes a lograr el reintegro de los bienes producto del delito.
Sobre el eje de detección e investigación, dijeron que se deben destinar mayores recursos a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)-Seprelad, a fin de reforzar la capacidad operativa y la seguridad de los sistemas e instalaciones; dotar de mayores recursos a la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y Beneficiarios Finales para asegurar el buen funcionamiento y seguridad del sistema: e incrementar los controles de tráfico transfronterizo de dinero y valores, permitiendo el decomiso de bienes y activos producto del lavado de activo.
Investigar hechos más complejos
En cuanto al eje de procesamientos y condenas, señalaron que se debe dotar al Ministerio Público de recursos suficientes para iniciar investigaciones por casos de lavado de activos autónomo complejos; sobre este punto indicaron que la crítica recibida en ese sentido tiene que ver con que las investigaciones están dirigidas a hechos denominados autolavados o hechos simples, lo que se debe revertir.
También implementar prioritariamente investigaciones financieras paralelas, aplicar las técnicas de investigación judicial para facilitar la incautación de bienes producto del delito; incrementar coordinación, robustecer la sanción por lavado de activo autónomo de manera a que sea efectiva, proporcional y disuasiva, e incrementar investigaciones de lavado de activo con esquemas complejos.
Con respecto al comiso y administración de bienes, expresaron que se debe desarrollar un registro de bienes incautados y seguimiento de su administración; mejorar la capacidad del órgano judicial en el registro de las decisiones de comiso, en este punto se hizo hincapié en que se deben llevar a cabo los comisos.