Próximo a terminar de pagar la deuda por la construcción de la hidroeléctrica Itaipú, su principal fuente de energía renovable, el gran debate que se está dando en ámbitos académicos, empresariales y políticos, es qué camino debe tomar el país, inclusive con una perspectiva de largo plazo, para aprovechar el 50% de la energía que le corresponde en la central que comparte con Brasil.
El fin de un costo monumental, que con las cargas financieras se calcula que ronda los US$ 60.000 millones, podría traducirse en una reducción considerable del precio que pagan la ANDE y ENBPar (la reemplazante de Eletrobras) por la potencia, al aplicarse lo que estipula el Anexo C de su Tratado. Sin embargo, el Gobierno paraguayo aún no da señales sobre qué buscará en la revisión de ese anexo.
En un contexto nacional y mundial muy distinto al de 1973, cuando se firmó el Tratado de Itaipú, Paraguay más que nunca necesita hoy que despegue su economía haciendo uso de una de sus riquezas naturales y tecnológicas más importantes, y a la vez, adecuarse a algunos de los retos internacionales, como la descarbonización.
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El desafío es aún mayor, cuando según las estadísticas que maneja el Viceministerio de Minas y Energía del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (VMME) en su Balance Energético Nacional 2021, el Saldo de la Balanza Comercial en términos de energía equivalente (diferencia que existe entre el total de las exportaciones e importaciones de un país), resulta negativo por primera vez en los últimos 35 años al exceder las importaciones de energía registradas en un 33,6% a las exportaciones. “Lo anterior modifica el perfil del Paraguay como país exportador neto de energía que pasa a ser país importador neto de energía”, señala el resumen del viceministerio de referencia.
Esta nueva realidad se explica porque el consumo final de energía en el año 2021 creció 6,3% respecto al año 2020. “El citado crecimiento respecto al año 2020 es resultado básicamente de la expansión en 13,8% en el consumo de productos derivados del petróleo”, puntualiza el documento.
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Transformar energía en desarrollo: ¿Qué implica la descarbonización?
La descarbonización implicará el uso generalizado de la electricidad con cero emisiones de carbono, la electrificación de cerca del 50% del uso final, el uso de combustibles verdes basados en el hidrógeno y los biocombustibles (combustibles producidos con electricidad con cero emisiones de carbono), entre otras acciones, explica la “Evaluación y Planificación del Sector Energético del Paraguay: Vías de Descarbonización”, publicación elaborada por un equipo liderado por el reconocido economista estadounidense Jeffrey Sachs.
En Paraguay, no obstante, la realidad es que la electricidad de origen renovable sigue representando solo una proporción pequeña, de apenas 18% de la demanda final de energía, ocupando el tercer lugar después de la biomasa (leña, carbón y otros), con el 41%, y los combustibles fósiles, con otros 41%, de acuerdo con la estructura de la matriz energética 2021, del VMME. Es así que nuestro país, que genera energía limpia y renovable, le cede a Brasil y Argentina sus excedentes por una tarifa menor a US$ 10 por MWh. Mientras que en 2020 la factura por importación de petróleo fue de US$ 1.300 millones, de acuerdo a la citada publicación “Vías de Descarbonización”.
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¿Hacia dónde ir?
Desde el gobierno encabezado por Mario Abdo Benítez no hay una definición clara sobre qué camino se tomará como nación, porque algunas acciones parecen indicar que optará por un sentido, pero otras dejan la inquietante sensación de la incertidumbre.
Lo concreto es que la tendencia mundial sugiere orientarse hacia las tecnologías de transporte basadas en la electricidad. Se estima que para 2030, el 84% de las ventas mundiales de autobuses serán eléctricas. Además se espera que la comercialización de vehículos livianos eléctricos con batería (BEV) supere a la de los rodados tradicionales, con motor de combustión interna, hacia mediados de la década de 2030, según el informe Sachs.
Mientras eso se ve en el mundo, la administración de turno de nuestro país vetó totalmente la “ley de incentivos y promoción del transporte eléctrico en el Paraguay” en julio de este año. El argumento fue la posibilidad de una caída de la recaudación del Fisco al disminuir los tributos en la importación de vehículos eléctricos e híbridos. Según el viceministro de Industria, Francisco Ruiz Díaz, el rechazo se dio porque planteaba incentivos a la importación de vehículos eléctricos, sesgando la producción nacional.
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En este sentido, cabe resaltar que en Paraguay no existe producción de vehículos eléctricos, apenas un convenio firmado recientemente con el Gobierno coreano para la implementación de un “Centro Tecnológico Automotor”, con énfasis en movilidad eléctrica”, con US$ 16 millones que serán donados y ejecutados por Corea. “El proyecto contempla la formación de profesionales y como proyecto piloto, se fabricarán buses y pequeñas camionetas eléctricas”, manifestó el embajador del país asiático, In Shik Woo.
Para el presidente de la Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias (Cadam), Miguel Carrizosa, quien también importa vehículos eléctricos e híbridos, estos últimos son el camino natural para llegar a los full eléctricos. Explicó que en la ciudad ahorran 50% de combustible derivado del petróleo y también reducen en 50% la contaminación ambiental, además de ser todavía más económicos, por lo que lamentó la decisión del Poder Ejecutivo respecto a este tema.
¿Hacia las baterías de litio, hidrógeno verde, centros de datos o criptominería?
Después de que hayan fracasado las intenciones de instalar en el país industrias electrointensivas, como Río Tinto Alcán o Archer, en la década anterior, ahora se habla con más fuerza de avanzar hacia la industrialización verde.
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A diferencia de otras épocas, el proyecto de industrializar al país corre contra el reloj. Esto se da debido a que si el aumento en consumo eléctrico continúa como hasta ahora (en promedio, poco más del 5% anual), en la próxima década la demanda del país alcanzaría la actual capacidad instalada.
La investigadora principal del grupo Itaipú Post 2023, de Duke University, Christine Folch, asegura que las industrias verdes son claves para lograr el desarrollo y el uso del potencial energético en el país. En este sentido, tras seis años de estudios de su equipo, propone -entre otras alternativas- poner el foco en la industria automotriz, específicamente de vehículos eléctricos.
Las baterías de litio como una oportunidad
La investigación sostiene que Paraguay podría aprovechar las tarifas bajas entre países del Mercosur para adquirir las materias primas para fabricar las baterías, ya que son productos que se encuentran en la región, y aprovechar el acceso a energía barata y limpia, así como también su mano de obra joven, para crear instalaciones para la fabricación de baterías.
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Añade que el Brasil posee una industria automovilística grande, establecida y que ocupa el séptimo lugar como exportador de autos en el mundo, pero que todavía no fabrica vehículos eléctricos (hasta el 2018). Este dato sigue vigente, ya que según PortalMovilidad.com, hasta la fecha “nadie se atreve a producir BEV con volúmenes tan bajos”, ya que este año recién llegarían a una tasa del 0,25% del mercado brasileño.
En este contexto, los investigadores del grupo de Duke University ven una gran oportunidad. “La existencia de un paquete de baterías fabricado localmente abriría el mercado de Sudamérica a vehículos eléctricos. Esto creará más vinculaciones con el superávit eléctrico paraguayo, debido a que la energía barata de Itaipú haría que los costos de uso de vehículos eléctricos sean menos que el de los que usan petróleo importado”, sostienen.
De acuerdo a los datos que exponen, los BEV representarán el 55% de las ventas de autos nuevos en 2040. En la actualidad, la capacidad mundial para fabricar baterías es de 125 GWh, pero va a crecer a 2.500 GWh en 2037 para satisfacer la demanda de los BEV.
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Aunque no hablan todavía de baterías para el sector automotor, hasta ahora la única empresa paraguaya que se está preparando para producir sistemas de baterías para hogares y empresas es Heliotec SRL. Para hacerlo, firmó en el mes de setiembre un convenio de cooperación técnica e institucional con el Parque Tecnológico Itaipú Paraguay (PTI-Py). El director de la firma, Pablo Zuccolillo, anunció que en el 2023 tendrán los primeros productos que podrán ser utilizados de varias maneras, entre ellas para sustituir la energía eléctrica cada vez que esta se corta.
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Hidrógeno verde, intereses y compromisos
Para la instalación de su planta de producción de hidrógeno verde y amoniaco, la compañía internacional Atome Energy anunció -a principios de setiembre de este año- la adquisición de un terreno de 30 hectáreas en Villeta, adyacente a la subestación Buey Rodeo de la ANDE. La compañía británica requerirá 400 MW de potencia, y habla de una inversión de US$ 550 millones en el país.
Su presidente, Peter Levine, durante su participación en el foro internacional Invest in Paraguay, organizado por el Gobierno, con la cooperación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), resaltó que Atome empezará a producir hidrógeno para transporte el próximo año, trayendo vehículos al país. “Hidrógeno es la única solución real para los camiones grandes, más aún porque no hay vías de trenes”, observó.
¿Qué es el hidrógeno?
La reducción de los costos de la electricidad está permitiendo producir en forma cada vez más económica el hidrógeno “verde” (HV) a través del proceso de electrólisis, el cual separa la molécula de agua (H2O) en sus componentes de oxígeno (O) e hidrógeno (H), sin emisión de dióxido de carbono (CO2), explica el Msc en Hidrología, ingeniero ambiental y docente e investigador en el área de políticas climáticas y transición energética, Guillermo Achucarro.
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Detalla que, para efectivizar el proceso de electrólisis, es necesaria una cantidad muy importante de energía eléctrica, razón por la cual Paraguay se convierte en un blanco interesante de las industrias de este rubro, por la energía barata y abundante.
Más interesadas
A mediados de este año, la ANDE informó que recibieron 23 manifestaciones de interés de empresas por 5.862 MW de potencia (equivalentes a 8,3 turbinas de Itaipú), en el marco de la convocatoria a los interesados en comprar energía eléctrica en extra alta tensión (500 kV) para su uso final en el país.
Las compañías, tanto nacionales como internacionales, expresaron que requieren electricidad para realizar minería de criptomonedas, operación de data centers, producción de hidrógeno verde y de fertilizantes.
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Solo en noviembre del 2021, la ANDE firmó cuatro acuerdos de intención con empresas interesadas en montar plantas de fabricación de hidrógeno verde: además de con Atome, de Inglaterra; con Maire Tecnimont – FerSam Group, de Italia; con Fortescue, de Australia; y con Neogreen Hydrogen, de Canadá.
El consorcio italiano Maire Tecnimont – FerSam Group, pretende invertir US$ 850 millones y adquirir 380 MW de potencia, a la par de generar 1000 puestos directos de trabajo, así como indirectos, adelantó Carlo Sama, presidente de FerSam Group. Fue durante su participación del foro Invest in Paraguay. El objetivo es la producción de hidrógeno, amoníaco y fertilizante -para agricultura y ganadería- nitrogenado.
Neogreen Hydrogen, firma de origen canadiense, prevé desarrollar un proyecto piloto y estudio de factibilidad para abastecer de hidrógeno al mercado, con un consumo energético de mínimamente 10 MW a un máximo de 50 MW.
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La australiana Fortescue también manifestó su interés en iniciar estudios técnicos de factibilidad para instalar una planta de producción de hidrógeno y amoniaco, para luego realizar el proyecto de planta.
Inversiones equivalentes en megavatios
“Para que se tenga idea de la inversión de las industrias verdes, estas cuestan en torno de un millón de dólares por megavatio. O sea, una empresa que venga a consumir 100 megas (MW), son 100 millones de dólares; y si va a consumir 1.000 megas, serán 1.000 millones de inversión”, explicó el director del PTI-Py, José Bogarín, hace casi un año atrás, cuando en noviembre de 2021 Atome Energy hizo el anuncio de que se instalaría en el país.
Entonces, el ejecutivo resaltó la relevancia de que el PTI-Py disponga de 48 ha en Tacurú Pucú, Hernandarias, a la hora de revisarse el Anexo C del Tratado de Itaipú, dado que el objetivo es que, con la instalación de industrias electrointensivas en el condominio empresarial, se utilice en el país todo el excedente que Paraguay cede hoy al Brasil. Había dicho también que hay otras 15 empresas con las cuales el PTI estaba negociando para que desembarquen en el país, pero que, por un tema de cláusula de confidencialidad, no podía comentar cuáles eran.
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Por otra parte, el presidente de la ANDE, Félix Sosa, en el evento con inversionistas del que participó Levine, de Atome Energy, destacó que Paraguay cuenta con tres centrales hidroeléctricas -Itaipú, Yacyretá y Acaray (210 MW)- y una potencia total nominal de 8.760 MW. “Este año, la demanda máxima llegó a 4206 MW. Es decir, tenemos excedente en potencia nominal en generación del 52%, excedente suficiente como para utilizar en el país para el desarrollo”, resaltó.
Además, acentuó su discurso en que el gobierno quiere mantener la disponibilidad energética, respondiendo al precio de mercado, pero también siendo competitiva la tarifa de la energía.
Centros de datos (data centers)
Las empresas tecnológicas, como Amazon, Apple, Facebook y Google quieren centros de datos con una fuente de energía barata y renovable, asegura el análisis de los investigadores de Duke.
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Los centros de datos son almacenes donde se albergan y se dirigen los datos. Ayudan en la transición hacia una economía digital. El primer centro de datos grande en Paraguay fue el construido en 2017 por la empresa de telecomunicaciones Tigo.
Desde la semana pasada, cuando el Poder Ejecutivo publicó el Decreto Nº 7824, se aguarda que la ANDE publique la resolución con las nuevas tarifas para los usos de energía en centros de datos, criptominería, entre otros sectores de uso intensivo de electricidad abastecidos en los niveles de Muy Alta Tensión (220 kV), Alta Tensión (66 kV) y Media Tensión (23 kV).
En tanto, la empresa estatal de electricidad ya firmó contratos con las compañías dedicadas a centros de datos y criptodivisas Penguin Infrastructure SA y Commons Py SA. A US$ 44,3 millones llegará la facturación anual mínima, sin IVA, que percibirá la ANDE por el suministro a solo estas dos firmas, según datos aportados por el director de Planificación y Estudios de la empresa estatal, Ing. Tito Ocariz. En ambos casos se les aplicará la tarifa establecida en el decreto 7551/2017 Sistemas Este y Metropolitano, respectivamente, porque serán electro intensivas, cuyo factor de carga es igual o mayor a 85%.
La ANDE prevé empezará a facturar desde febrero de 2023, por el consumo con Penguin, y desde enero de 2024, por el suministro a Commons, de acuerdo a lo previsto hasta ahora.
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Criptominería, ¿problema o solución?
Dos posturas se enfrentan ante el uso de la energía eléctrica en la criptominería, analizando si beneficia al país o no la instalación de este tipo de consumidores intensivos. Por un lado, el empresario y asesor técnico del Equipo Negociador del Anexo C del Tratado de Itaipú, Guillermo López Flores, aseguró que se trata de un “cliente ideal” para nuestro sistema eléctrico.
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Argumentó su posición sobre proyecciones. Mencionó en ese sentido que la facturación anual de la ANDE sería de US$ 40 millones con un solo cliente y en un solo lugar. Además, resaltó que la empresa estatal no gastaría en infraestructura, el contrato sería en dólares, y no tendría problemas de atraso en el cobro, dado que se deberá que pagar por mes adelantado, más póliza de caución por un año de consumo.
Por otra parte, mencionó que la carga puede ser totalmente flexible y así la ANDE podría conectar y desconectar de acuerdo a la curva de carga diaria.
En tanto que, según se lee en “Energía y criptomonedas en Paraguay. Uso de la energía electrointensiva de minería de criptomonedas en los escenarios de la Revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú en Paraguay”, una investigación publicada por Tedic y elaborada por Guillermo Achucarro y Lis García, “la instalación de estas empresas no implica cambios significativos ni en la matriz energética ni económica actual, sino una profundización del mismo proyecto económico que viene manteniendo al país en el atraso y generando grandes desigualdades”.
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El estudio afirma que esta situación es comparable con el extractivismo agrario, porque genera poco empleo y depende de insumos externos. Es decir, requiere de una importación de tecnología avanzada, pretende recibir concesiones o beneficios tarifarios, y además es rentable porque existen antecedentes históricos de despojo y privatización en el país en temas de energía.
La ANDE no sabe cuántas criptominerías están operando ya en el país, porque entran en el sistema como cualquier otro cliente industrial, pero con la tarifa específica espera regularizar todo lo existente y que entrarán los nuevos suministros con las nuevas condiciones. Además, llevará en cuenta el factor de carga y podrá controlar en forma remota el sistema de medición de consumo.
La empresa estatal eléctrica, que tiene a varios inversionistas interesados en centros de datos y criptomonedas (monedas virtuales, de las cuales el bitcoin es el más conocido), no está concediendo suministros de energía eléctrica a estas actividades hasta que salga el nuevo tarifario. Mientras tanto, esta actividad está “minando” con conexiones irregulares varias zonas del país, entre ellas el departamento de Alto Paraná. Y hasta en la sede central de la misma ANDE se encontró en marzo del año pasado una pequeña minería de bitcoin clandestina.
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Por otra parte, en agosto último, el Poder Ejecutivo vetó totalmente el proyecto de Ley N° 6962/2022 “Que regula la minería, comercialización, intermediación, intercambio, transferencia, custodia y administración de criptoactivos o instrumentos que permitan el control sobre criptoactivos”, en virtud del decreto 7692/2022, que fue refrendado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC). La normativa objetó totalmente el referido proyecto de ley y decidió su devolución al Congreso Nacional.
Energía solar
Al Paraguay hoy le toca pensar en nuevas fuentes de generación eléctrica. Y allí, lentamente empiezan a ingresar los proyectos e intereses en plantas solares. Es así que en el Palacio de Gobierno se firmó a principios de agosto de este año, el contrato para la construcción de la primera planta de generación fotovoltaica de la ANDE, que beneficiará a la comunidad del pueblo originario Yshyr de Puerto Esperanza, distrito de Bahía Negra, en el Chaco.
Contará con un campo fotovoltaico de 700 kWp, inversores fotovoltaicos MPPT de 700 kW, inversores cargadores de 1.000 kW, bancos de baterías de 2.520 kWh para autonomía, más 528 kWh de reserva, totalizando 3.048 kWh, detallaron desde la ANDE.
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Al mismo tiempo, Itaipú y ANDE estudian la posibilidad de instalar paneles solares en los embalses de sus respectivas represas. En la binacional se habla de que podría tener capacidad de 700 MW, que es equivalente a una turbina de Itaipú.
También la ANDE proyecta construir una planta experimental en el predio de la Central Hidroeléctrica Acaray, pero con fines académicos y de capacitación en nuevas tecnologías, como la solar fotovoltaica, en tierra y flotante; eólica, baterías de almacenamiento y generadores de back up con hidrógeno verde.
El cambio climático afectó a las centrales hidroeléctricas en los últimos años, al haber menos lluvia, por tanto menos agua en el río Paraná, hecho que redujo la producción de energía. “Creíamos que Paraguay disponía de suficiente energía limpia y renovable hasta entre el 2030 y el 2032″, pero las nuevas proyecciones indican que el tiempo se reducirá, porque el consumo se está acelerando con las grandes inversiones industriales que están llegando y por la variabilidad del nivel de los ríos que limitan la generación, advirtió el titular de la ANDE recientemente. Por tanto, urge definir un objetivo como país, el rumbo y las estrategias para alcanzarlo.