La profesional reclamó que a pocos días de entrar en vigencia la Ley 6715/21 que establece los procedimientos y lineamientos para trámites administrativos ante entidades públicas por parte de los ciudadanos, no se haya reglamentado el mismo. Atendiendo justamente que esta ley cambia las reglas de juego en cómo van a ser los gestiones de los usuarios y contribuyentes a partir de ahora.
La citada ley pretende dar celeridad a los trámites realizados por ciudadanos en instituciones públicas. Al mismo tiempo, dar un marco legal a los procesos administrativos públicos, como herramienta vital para disciplinar la funcionalidad de la administración, a fin de asegurar la satisfacción directa, eficiente y sostenida de las necesidades del ciudadano. Esto debido a que cada institución tenía sus propias reglas, a partir de ahora estos criterios y procedimientos se unifican.
La Ley de Procedimientos Administrativos buscar garantizar que el ejercicio de potestades públicas no vulnere los derechos fundamentales de las personas, estableciendo mecanismos de protección y defensa frente a las arbitrariedades.
Cabe mencionar que el Ejecutivo había vetado dos artículos ( el 6°, inciso B); y el 34°) que luego fue confirmado por ambas cámaras.
La primera objeción es debido a que la propuesta original colisiona con la facultad constitucional del Poder Ejecutivo, de reglamentar las disposiciones legales; mientras que la otra se debe al régimen recursivo, lo que podría dilatar aún más los procesos vigentes, evitando así que la propuesta logre el cometido inicial, que es dar celeridad a los trámites.
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Cambios importantes en los procedimientos administrativos
La tributarista expresó que la citada ley no solo establece nuevos procedimientos, sino que cambia las reglas del juego en temas básicos como por ejemplo, cómo van a ser los procedimientos para solicitar la jubilación o como debe realizarse un reclamo y que plazos se dispone para el cumplimento de las etapas. Es todo un cambio esto en el ordenamiento de las instituciones y la gestión que deben realizar los ciudadanos; sin embargo, hasta el momento no se ha reglamentado la Ley para que las instituciones puedan aplicar estos cambios. La citada Ley dispone que su utilización será reglamentada por el Poder Ejecutivo. Se regulan los procedimientos administrativos para imponer sanciones administrativas a los particulares que hayan cometido infracciones administrativas legalmente previstas.
Trámites electrónicos
Uno de los cambios significativos es que los trámites y actuaciones de los procedimientos administrativos podrán realizarse por medios electrónicos y tendrán plena validez jurídica y valor probatorio.