Los datos expuestos por el viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, Marco Elizeche, a ABC dan cuenta que el proyecto de presupuesto prevé un déficit de US$ 250 millones para el cierre de 2023.
Elizeche explicó que de este saldo negativo, US$ 180 millones corresponde al sector de policías y militares, mientras que US$ 70 millones al de docentes del Ministerio de Educación y Ciencias (ME).
El déficit de las Fuerzas Públicas se financia directamente con los fondos provenientes de la recaudación de los impuestos que paga la ciudadanía en general, en tanto que la brecha del sector docente con los recursos de los sectores que registran superávit.
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En 2021, según los datos de Hacienda, la Caja de Jubilaciones cerró con un déficit de US$ 167 millones y el presente ejercicio 2022 apunta a culminar el ejercicio con un saldo rojo de US$ 224 millones, de este último US$ 153 millones corresponde a las Fuerzas Públicas y US$ 71 millones al sector docente.
Actualización de los haberes jubilatorios
Los números negativos, sin embargo, podrían empeorar en el caso de que el Congreso decida aprobar el proyecto de ley que actualiza los haberes de los jubilados y los equipara al nivel del salario de los activos, tal como se propone a través de un proyecto de ley cuyo estudio fue postergado por el Congreso por 90 días.
Hacienda había advertido a los legisladores que la equiparación de la jubilación con el sueldo de los funcionarios activos tendrá un costo adicional anual de US$ 277 millones, lo que en los primeros cinco años de implementación representará US$ 1.383 millones.
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Además, con la actualización acelerará el uso de las reservas con cuenta la Caja Fiscal.
La Caja de Jubilaciones y Pensiones o Caja Fiscal es la entidad dependiente del Ministerio de Hacienda que administra la jubilación de los funcionarios de instituciones que forman parte de la Administración Central.
Está compuesta por seis sectores públicos: empleados públicos, docentes universitarios, magistrados judiciales, policías, militares y maestros que al mes de julio último suman un total de 68.657 beneficiarios (58.308 jubilados y 10.349 pensionados).
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Los resultados financieros acumulados a julio representan un déficit de G. 587.984 millones (US$ 9,9 millones).
De acuerdo con el informe oficial: empleados públicos, docentes universitarios y magistrados judiciales registran superávit del 91%, 17% y 19%, respectivamente. En tanto, policías, militares y docentes registran déficit del 58%, 72% y 46%, respectivamente.