El ministro de Justicia, Édgar Olmedo, precandidato a diputado por Caaguazú, y el titular de Petróleos Paraguayos (Petropar), Denis Lichi (precandidato a Gobernador de Cordillera), se negaron a informar sobre el estado de cuentas de los clientes operadores de estaciones de servicios y y sobre la cartera de morosos del emblema estatal. Ambos alegaron que les impide la Ley N° 6534/20 de la Protección de Datos Personales Crediticios.
Las respuestas, mediante la Ley N° 5282 de Transparencia Gubernamental , las obtuvo ABC a través de la AIP (Acceso a Información Pública) con el objetivo da dar a conocer a la ciudadanía ciertos manejos irregulares en la administración del ente.
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El emblema estatal históricamente fue salpicado por hechos de corrupción, razón por la cual hay un interés genuino en vigilar esa gestión.
Lichi había informado que vende productos de la emprsa estatal a crédito, con 30 días y hasta 45 días de plazo, pero dijo que cobra esos “créditos” “según la cara del cliente” (favoreciendo a políticos y sus familiares).
Sobre esa venta a crédito a los intermediarios de Petropar, el ex ministro de Hacienda, César Barreto, señaló que no se justifica. Argumentó que el combustible tiene una alta demanda y que su comercialización es mayormente en efectivo, y que los demás emblemas trabajan al contado. De esta manera se puede sospechar que esos priviligiados operadores “bicicletean” el dinero que entregar directamente a Petropar.
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Para conocer quiénes se benefician con ese esquema, recurrimos al Ministerio de Justicia, responsable del control de calidad de las repuestas de las instituciones. El director de AIP, Mario Ovelar, interpretó que la Ley N° 6534 protege el acceso a informaciones sobre creditos , cuya aplicación es también obligatoria en los registros públicos. Indicó que está prohibido publicitar “datos sensibles que pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave a éste”, salvo expresa autorización de los afectados.
Además recuerda que esa ley surgió en pandemia con el fin de proteger a la gente que caía en mora debido a la crisis económica. Sin embargo la necesidad de la ciudadanía de conocer estos manejos cuetionables de la “cosa pública”, al parece, no le inquietó mucho.
El Poder Ejecutivo negocia hoy, en tiempo de elecciones, con los camioneros sacrificar G. 400 por litro de sus ganancias en las ventas y G. 300 por litro por operador (a definir), y sin garantía de que el beneficio sea sólo para ese sector.
“Hay interés en cómo se administra”, argumenta activista
Federico Legal, abogado y activista que pregona el libre acceso a la información pública que está en poder del Estado, cuestionó que el Ministerio de Justicia no se enfoque en la cuestión concreta de la legalidad de insertar cláusulas de confidencialidad en contratos que, por principio legal, deben ser públicos. La consulta fue referente a la legalidad de esa inclusión.
“Hay un marcado interés público en saber cómo una empresa estatal está administrando los recursos que son públicos. Por ello, la ley de acceso a la información creó expresamente la regla de que todos los contratos deben ser públicos. Si solo fuese necesario una cláusula de confidencialidad para desvirtuar esta obligación, sería un absurdo legal”, advirtió Legal.
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El abogado recalcó que la disposición establecida en la normativa de transparencia gubernamental debe ser considerada como de “orden público”, lo cual implica que la autonomía de la voluntad de las partes en un proceso de negociación y/o contratación no puede dejar de lado esa disposición. “Quien contrata con una institución del Estado, de manera voluntaria se somete a cierto grado de escrutinio público respecto de los recursos públicos que su participación compromete”, enfatizó.