El senador Fernando Silva Facetti (PLRA) abogó por admitir las modificaciones introducidas en Diputados, ya que según dijo, mejoraron el proyecto original de la Cámara Alta.
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Entre las modificaciones más relevantes mencionó que establecen más claramente las atribuciones del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) para la supervisión en materia de generación y provisión de servicios relacionados a la criptomonedas.
En lo que refiere a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), el proyecto de ley sancionado establece el requerimiento de que las empresas que quieran dedicarse a esta actividad presenten un plan de consumo y la posibilidad de firmar contratos de cesión de energía a costo subsidiado por hasta 5 (cinco) años prorrogables “según disponibilidad”.
Supuestamente la ANDE tendrá cortar las provisión cuando crea conveniente y se establece que el pago por la energía consumir se previo. El precio por la energía que deberán pagar los “minadores” estará subsidiado, sin embargo, el precio debe ser del 15% más de lo que pagan otras industrias.
Según sostuvo el senador Abel González (PLRA), aún en estas condiciones, el precio será más conveniente que el que recibe nuestro país por ceder la energía excedente a Brasil o Argentina.
Otro punto relevante asentado en el proyecto de ley y que afecta a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), es que se faculta a estas empresas vinculadas a criptoactivos a operar en el sistema de valores y estarán exentas del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), aunque si estarán incluidas en el régimen de impuesto a la renta.
Críticas por temor a “desventajas”
Pese a que ya no existía la posibilidad del rechazo, sino simplemente optar entre la versión Senado o Diputados, varios senadores plantearon su rechazo a este proyecto de ley.
El senador Enrique Bacchetta (ANR, oficialista) cuestionó el hecho de que incluso la ANDE en su momento se opuso, así como si bien esta “industria” podría generar ganancias, no genera prácticamente puestos de trabajo.
“Dios quiera que el Ejecutivo vete”, incluso terminó diciendo tras su intervención.
En la misma línea la senadora Esperanza Martínez (FG) reiteró el rechazo de toda su bancada a esta iniciativa, apuntando que estas “no es una industria” al no generar realmente puestos de trabajo, además de ser “electrointensista y extractivista”, apuntando que consume muchos recursos energéticos de nuestro país en comparación a los puestos de trabajo que genera.
La senadora Desirée Masi (PDP) también reprochó a los representantes de la ANDE, Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) y la Comisión de Valores, que cuando fueron convocados por el Senado se opusieron rotundamente, sin embargo en Diputados incluso propusieron reformas.
La legisladora cuestionó el cambio de posición “llamativo”, e incluso planteó postergar por una semana el tratamiento de este punto, a fin de convocar a estas instituciones para que expliquen lo acontecido.