El mes de enero arrancó con un presupuesto de más de G. 96,7 millones (US$ 13.841 millones), pero hasta junio introdujeron modificaciones que elevaron el gasto en más de G. 2,9 billones (US$ 415,1 millones) e hizo que el total cerrara al final del semestre en G. 99,6 billones (US$ 14.256 millones).
El Presupuesto General de la Nación (PGN) en este periodo creció 3% y esta variación se da, fundamentalmente, por los gastos que se financian con los recursos provenientes de préstamos (10,8%) que se van incorporando a medida que se aprueban.
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También se registró una pequeña diferencia positiva en lo que respecta a gastos cubiertos con recursos institucionales (2,7%), pero los gastos financiados con recursos genuinos se redujeron levemente (-0,4%).
En cuanto al nivel de ejecución del presupuesto vigente, los datos señalan que se obligó por más de G. 37,4 billones (US$ 5.354 millones), lo que representa 38% ejecutado de enero a junio último.
Más ampliaciones para el segundo semestre
En el segundo semestre del año, sin embargo, el monto podría dispararse teniendo en cuenta que en el Congreso se estudia un paquete de ampliación presupuestaria por iniciativa parlamentaria, principalmente, para aumentar salarios de funcionarios y crear cargos, que se da en plena etapa electoral del país.
Las ampliaciones presupuestarias que están en estudio actualmente superan los G. 174.000 millones (US$ 25 millones) y favorecen a diversas instituciones públicas, como el Congreso (Cámara de Senadores), la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), la Universidad Nacional de Asunción (UNA), el Ministerio de Salud Pública, entre otros.
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A la par de estos proyectos que aumentan los gastos, en el Legislativo también se estudia un paquete de proyectos que reducen los ingresos con la modificación de los impuestos, que genera mucha preocupación en Hacienda debido al complejo panorama económico mundial.
Los legisladores apuntan a modificar la Ley N° 6380/2019 de Modernización y Simplificación del Sistema Tributario, que de aprobarse representaría un fuerte golpe para las finanzas públicas y pondría en riesgo la meta de cerrar este año con un déficit fiscal del 3% del PIB, como está establecida en la ley de presupuesto vigente.
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El paquete podría representar una reducción en los ingresos de por lo menos US$ 422 millones, ya que incluye el 100% de deducción del IVA por compras en supermercados, la exoneración del IVA a los productos de la canasta básica, la eliminación del impuesto selectivo al consumo (ISC) aplicado a los combustibles y el nuevo régimen de turismo comercial, con lo que se suprime la aplicación del ISC, el IVA y los aranceles aduaneros a la importación de productos.