Cecilia Pérez, ministra asesora de Asuntos de Seguridad, señaló que la Política de Integridad y Compliance tiene por objetivo garantizar la integridad en las compras públicas. Para ello, se buscará implementar acciones para la prevención del lavado de activos, evasión impositiva y contrabando a nivel país. Las declaraciones las dio tras la presentación del plan, llevada a cobo junto con el titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), dirigido por Pablo Seitz.
Añadió que Paraguay sería el primer país de la región en tener este plan como política pública, ya que la experiencia registrada está relacionada con buenas prácticas. “Esta es la primera etapa, que presentamos hoy con Seitz, quien emitió una resolución, y ahora vamos a trabajar en la segunda etapa, que es la definición de las estrategias”, manifestó.
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Pérez recalcó que el trabajo se concreta en cumplimiento de las indicaciones del Presidente de la República, Mario Abdo Benítez. “Se trata de detectar y prevenir en el esquema de compras publicas lo relacionado al lavado de dinero o recursos de dudosa procedencia. En esta primera, se establece como una política de Estado, y en la segunda, se define el plan de acción, con estrategias más concretas conforme a la experiencia de la DNCP”, comentó.
Señaló que los indicios que permiten identificar posibles situaciones irregulares están relacionados con el historial de la empresas, sus antecedentes y su solvencia económica. “La empresa que tiene una actividad formal, normalmente no tiene la solvencia económica para soportar precios excesivamente bajos o demasiada demora en el cobro”, mencionó a modo de ejemplo.
El director de Contrataciones indicó a su vez que en compras públicas se podrían dar situaciones de proveedoras del Estado que laven dinero. “Tenemos que trabajar con las instituciones públicas para prevenir el lavado de dinero y evasión en compras públicas”, manifestó. Indicó que se establecieron reglas corporativas, manejo de conflicto de interés e información fidedigna, promoviendo la transparencia.
Prometió que en el plazo de un mes estaría el primer plan de acción. Recalcó que el plan implicará una reingeniería del sistema de información de las contrataciones públicas, proyecto informático que ya se está desarrollando.
“Podríamos pedir a Conajzar”
La ministra fue requerida referente a la posibilidad de controlar el lavado en los juegos de azar y trabajar en tal sentido con la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), cuya presidenta interina es María Galván del Puerto. Sobre la posibilidad de que se aplique un mayor control a las concesionarias, dijo: “Podríamos pedir a Conajzar que lo replique”.
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