La Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) integrada por María Galván del Puerto, presidente interina y representante de Hacienda, Alma Muhr Riera, de Interior; César Romero Rojas, de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben); Hernan Isidro Rivas Román, de los municipios, y Rubén Antonio Rousillón, de gobernaciones, emitió la Resolución N° 24/2022 del 10 de junio pasado y con esto revoca la Resolución N° 34/2020 del 8 de octubre y anula el contrato firmado con la empresa iCrop SA, cuyas accionistas son Lucy Sy, de nacionalidad china, y Lilian Beatriz Vera de Qiu. En este documento, la comisión reconoció la ilegalidad de la “regularización” de tragamonedas en comercios no exclusivos de juegos de azar.
El documento está basado en el dictamen de un asesor jurídico externo, cuyo identidad no precisa, y recalca la vigencia de las leyes N° 1016/97 del Régimen de Juegos de Azar y N° 6903 que establece medidas de protección a los menores de edad ante la influencia de los tragamonedas en niños, niñas y adolescentes . También transcribe parte de en un dictamen de la Procuraduría General de la República, el cual hace énfasis en que la resolución de la Conajzar no puede estar por encima de las disposiciones de la ley y que las disposiciones; por lo tanto, son ilegales las decisiones anteriores que justamente iban contra las normativas vigentes.
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No se encontró, sin embargo, información referente a las posibles sanciones para quienes firmaron la resolución que hoy se queda sin efecto y el contrato anulado. Cabe recordar que la actual titular de la Conajzar se desempeñaba como asesora jurídica de la institución al momento de firmarse los citados documentos. En la nueva resolución, sólo se estipula la notificación de la decisión a la empresa iCrop.
Cabe recordar que ocho personas se encuentran procesadas por aparentes hechos de corrupción en la gestión de juegos de azar, y una de ellas es Rousillón, aún autoridad de Conajzar. La fiscala María Estefanía González no imputó a los responsables de iCrop, pese a que la compañía cobraba entre G. 300.000 y G. 450.000 por cada tragamonedas supuestamente en nombre del Estado. De ese monto, sólo el valor de un jornal mínimo (G. 88.051). Legisladores denunciaron que se trata de la creación de una estructura para lavado de dinero y obtención ilícita de recursos.