Alarcón, que profesor de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), participó la semana pasada como comentarista del Primer Congreso Paraguayo de Investigadores, Productores y Hacedores de Políticas Económicas que se llevó a cabo en el Instituto del Banco Central del Paraguay (BCP).
El evento fue organizado por el Ministerio de Hacienda, con apoyo de CAF Banco de Desarrollo de América Latina, contó con la participación de economistas nacionales e internacionales, que abordaron diversos temas, tales como crecimiento económico, gastos público, presión tributaria, entre otros.
El exviceministro Alarcón comentó en el panel 1, que se debatió sobre la política fiscal para el desarrollo del Paraguay, que tuvo como expositores al ministro de Hacienda, Óscar Llamosas; y a Tim Kehoe, de la Universidad de Minnesota, de los Estados Unidos.
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Alarcón hizo una revisión en perspectiva de las medidas fiscales adoptadas en nuestro país, desde la década de los 90 a la década de 2020, etapas en las que, según indicó, los problemas transversales son la corrupción, impunidad, debilidad institucional, crisis social y desconfianza hacía políticos.
En ese contexto, llamó la atención que seguía pendiente de cumplimiento el “Acuerdo para fomentar la formalidad, la competitividad, la equidad y la responsabilidad fiscal”, que fue firmada el 12 de noviembre de 2003 por el gobierno de Nicanor Duarte Frutos y los representantes de gremios de empresariales.
Los puntos acordados
El acuerdo, según el material expuesto por Alarcón, establecía un fondo de equidad social y desarrollo humano para la reducción de la pobreza y de un fondo para la seguridad ciudadana, a los que deben destinarse una parte sustancial de los ingresos fiscales generados con la aplicación de esta ley.
Se apuntaba a impulsar medidas adicionales de racionalización del gasto, transparencia fiscal y combate a la evasión; promover un plan nacional de exportaciones para mejorar las posibilidades de inserción de los productos paraguayos en el exterior, permitiendo una activa participación del sector privado en los estudios y negociaciones internacionales.
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Además, revisar en el primer semestre del año 2004 las normas arancelarias, para permitir a las empresas comerciales e industriales mejorar su competitividad y negocios; presentar durante el 2004 un proyecto de ley de reforma del Ministerio de Agricultura y Ganadería, SENACSA, SENAVE, INFONA e IPTA.
Establecer una mesa de diálogo para el análisis de la reforma y modernización del sistema de seguridad social y el Código Laboral; así como reafirmar su compromiso con la reforma judicial, la revisión del Código Penal y Procesal Penal y la reforma y fortalecimiento de los organismos de seguridad del Estado de manera a garantizar el respeto irrestricto de los derechos, bienes y propiedades privadas de todos los habitantes de la República y la restitución inmediata de tales derechos cuando ellos fueren violados, según los puntos expuestos.
El tema de acuerdo pendiente surgió en un momento en que de nuevo se está insistiendo en la necesidad de avanzar hacía un proceso de reforma, para la consolidación fiscal y la recuperación económica.