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En un desayuno de trabajo con periodistas del área judicial realizado el viernes último, el flamante presidente de la Corte Suprema de Justicia Luis María Benítez Riera destacó su intención de combatir la morosidad judicial, de manera a “lavar la cara del Poder Judicial”.
Ante las numerosas quejas de morosidad judicial y la impunidad existente a causa de la extinción y prescripción de causas, al parecer la Corte Suprema de Justicia resolvió aplicar “mano dura” para tratar de poner fin a ese flagelo y empezó “por casa”.
A través del Consejo de Superintendencia, las autoridades se expidieron con relación a 977 denuncias por distintas faltas, entre el 2 de febrero de 2010 y 22 de febrero de 2011.
En el referido lapso, cinco magistrados han sido sancionados con apercibimiento (2), llamado de atención (2) y suspensión temporaria sin goce de sueldo (1); 152 funcionarios fueron sancionados con amonestación (14), apercibimiento (6), apercibimiento con constancia en legajo (56), destitución (18), llamado de atención (13), multa (5), rescisión de contrato (2), suspensión de derecho a promoción y ascenso (3), suspensión temporaria sin goce de sueldo (31) y suspensión en el desempeño de sus funciones (4).
Las medidas disciplinarias también alcanzaron a los contratados. De los 30 sumariados, 4 fueron castigados con apercibimiento con constancia en el legajo, uno recibió una llamada de atención y a otros dos se les rescindió el contrato. Por otro lado, de los 163 auxiliares de justicia (abogados, escribanos y rematadores) bajo sumario, cinco fueron apercibidos, catorce recibieron apercibimiento con constancia en legajo, uno tuvo su matrícula cancelada, dos fueron destituidos y otros seis, suspendidos en el ejercicio de la profesión.
La Oficina de Quejas y Denuncias, a cargo de la abogada Geraldine Cases, fue habilitada en el 2008 y recibe denuncias que van desde mala atención, extravío de expedientes hasta corrupción, morosidad y ejercicio ilegal de la profesión.
Sanciones a jueces de Lambaré
El sumario que concluyó con la sanción de apercibimiento con constancia en el legajo al juez de garantías de Lambaré, Hugo Camé, y a su actuario, Juan Rodolfo Pecci, es uno de los casos denunciados ante la Oficina de Quejas y Denuncias. La denuncia fue presentada por Julio César Marín, padre de un joven que estuvo preso por robo agravado que, tras meses de espera de la resolución de los requerimientos planteados, acudió a la Corte.
Por otro lado, el juez en lo civil y comercial de Lambaré, Isidoro Olazar Pozza, fue emplazado a expedirse en tres causas distintas, en las cuales se constató el incumplimiento de un emplazamiento del Tribunal de Apelación, para que dicte resolución. El magistrado fue advertido de la aplicación de sanciones más severas en caso de reiteración. En uno de los casos, su actuario Gustavo Pereira fue sancionado con apercibimiento con constancia en legajo por “desorden administrativo”.