Las ONG se convirtieron en entidades de acción política, según senador cartista

El senador cartista Gustavo Leite justificó el proyecto de ley que busca aplicar un control financiero a las ONG. Afirmó que estas organizaciones se establecieron en principio como entidades de beneficencia, pero fueron mutando a unas “de acción política”.

Senadores . Gentileza Prensa Senado
El senador Gustavo Leite, miembro de la bancada de Honor Colorado.

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El senador Basilio “Bachi” Núñez (ANR,HC) había presentado un proyecto de ley que obligue a las organizaciones no gubernamentales (ONG) a ser transparentes en sus gestiones.

El senador Gustavo Leite (ANR,HC) justificó el control a estas entidades, señalando que se hacen pasar por organizaciones no gubernamentales, pero reciben dinero de Estados.

Además, indicó que estas entidades reciben dinero del extranjero con intereses políticos y son parte de “infiltraciones irresponsables”.

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Las ONG son entidades de acción política

Leite también resaltó que las ONG se establecieron en principio como entidades de beneficencia, pero fueron mutando a unas “de acción política”.

“Desde los 70′ y 80′ hubo una especie de idilio social con que las ONG eran entidades de beneficencia y fueron mutando a ser entidades de acción política, escondiendo sus verdaderos intereses y de dónde proviene la plata. Hoy, eso es una asimetría porque los partidos políticos estamos controlados”, dijo.

Afirmó que las ONG de este tipo deben transparentar que son agrupaciones políticas, dejando la calificación de organizaciones no gubernamentales.

“Sería bueno que las ONG que quieran activar abiertamente en política, se declaren asociaciones y agrupaciones políticas, no como ONG”, declaró.

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Justificó aplicación de multas

El senador cartista también se refirió a los puntos que establece el proyecto de ley. Justificó la aplicación de millonarias multas a las organizaciones que sean reacias al control. “Ley sin penalidad severa es letra muerta”, mencionó.

Con relación a los cuestionamientos que el Ejecutivo será el órgano de aplicación de las multas, indicó que “no podemos crear un cuarto poder”.

Agregó que además del infractor, se debe establecer una penalidad en caso de ejecución irregular de las multas; es decir, al Ejecutivo.

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El proyecto de ley fue girado a comisiones que deben brindar dictámenes para luego entrar en debate ante el pleno.

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