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En un primer filtro en la evaluación de las documentaciones presentadas, casi 1.200 quedaron fuera, para que en este momento solo queden en carrera unos 512 postulantes que deberán afrontar otros filtros más exigentes.
Para la primera etapa debieron presentar sus títulos, una calificación de promedio mínimo de nota 3 en su formación universitaria y constancias varias, de trabajo, antecedentes judiciales y policiales, de no ser funcionarios actualmente y no haber sido sancionados anteriormente en el desempeño de la función pública, si fuere el caso.
Los 512 sobrevivientes del primer colador, afrontarán ahora exámenes de conocimientos generales y técnicos en los que deberán obtener al menos un sesenta por ciento de rendimiento para acceder a la evaluación de su curriculum, las entrevistas para evaluar su perfil y el test psicolaboral, luego del cual podría ser seleccionado para ocupar uno de los 38 puestos convocados por la banca central.
Finalmente, cada uno de los profesionales contratados por el BCP, pasará a percibir entre 6 y 7 millones de guaraníes como salario.
Sí, llegado este punto usted pensará lo mismo que la mayoría, sobre la gran diferencia de este caso frente a los de quienes entran de un plumazo por sus padrinazgos políticos.
Con casos que resultan cada vez más grotescos y descarados, como el de la diputada Roya Torres quien pidió contratar a su hijo de 19 años como asesor suyo, con un salario de 9 millones 500 mil guaraníes.
Denunciado el caso, y ante las críticas por la inasistencia del joven asesor a su lugar de trabajo, se encargaron de ficcionar un supuesto desempeño laboral en la oficina de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (DIBEN) en el Alto Paraná.
Fue un intento de tomar por estúpidos a quienes venían siguiendo el caso. Una mentira rápidamente puesta al descubierto por el mismo titular de la DIBEN quien no estaba al tanto de la tramoya.
Luego vino el anuncio de la renuncia del precoz asesor, pero días más tarde el anuncio de que no renunciaría, como si alguien hubiese intervenido para evitar un efecto en cascada.
Lo último es la foto que completa el álbum: la madre envía al hijo a la municipalidad de Presidente Franco, administrada por su padre, Roque Godoy, quien se vio obligado a intentar justificar ante los concejales el supuesto trabajo que realiza su hijo allí, con un salario muy superior incluso al de los principales cargos administrativos del municipio.
Pero bajo el argumento de que cumple funciones en una oficina legislativa departamental habilitada en el edificio municipal, el padre e intendente contestó que solo el presidente de la Cámara de Diputados es quien puede aclarar sobre las funciones que desempeña su hijo allí.
Como si faltase algo más, el caso del precoz asesor llevó a seguir indagando para encontrar un detalle nuevo, que también figura como asesora de la diputada y comisionada a la misma municipalidad, una joven que es como la hermana de la diputada. El detalle es que nadie dice haberla visto antes por el municipio.
El caso de los 512 nos ofrece el contraste, entre un profesional que apuesta a sus méritos y capacidad para ingresar a una institución, y un politiquero que concibe al Estado como su caja personal para solucionar todas las necesidades de cargos y rubros de su parentela, amigos y operadores políticos.
Es el contraste de la dignidad.