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La propiedad está a nombre de Verónica Marsal de Muñoz y se encontraba en juicio con los ocupantes desde hacía más de 10 años.
Según manifiestan los habitantes, pagaban la suma de G. 65.000 mensuales a Marsal por el terreno. Dijeron que la mujer les hizo firmar un documento en blanco con la promesa de que sería el contrato de compraventa del terreno. El asentamiento contaba con servicio de agua y luz.
Ahora, los desalojados anuncian que cerrarán la ruta para exigir la presencia del Estado, teniendo en cuenta que habitan en el lugar desde hace más de 10 años y ya no hay casas precarias en el asentamiento.